La Fiscalía recurrirá el archivo para juzgar a Camps por la visita del Papa

El Ministerio Público prepara estos días el recurso contra la decisión del juzgado de Instrucción 5 de Valencia de dar carpetazo a la investigación sobre los contratos de la visita del Papa. La Fiscalía recurrirá la decisión y presentará el escrito esta misma semana.

La acusación mantiene, como hasta la fecha, que la fundación del V Encuentro Mundial de las Familias es de naturaleza pública y que debió someterse a los criterios que rigen la contratación de las administraciones. La Fiscalía quiere sentar en el banquillo a Francisco Camps, el vicepresidente Víctor Campos y a Enrique Pérez Boada, exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y comisionado de la visita del Papa. Eso por lo que respecta a los políticos. En el otro ámbito, el eclesiástico, también busca responsables. Se trata del obispo auxiliar Esteban Escudero y Antonio Corbí, actual párroco de San Nicolás pero secretario en su día del arzobispo Agustín García Gasco. Estos actuaron como cooperadores de los primeros, según mantiene el fiscal.

La jueza cerró la investigación al no apreciar ni que la fundación fuera pública –era privada y por tanto podía contratar con quien quisiera– ni que se produjera una prevaricación ni una malversación de fondos. De hecho, rechazó que los investigados se concertaran de alguna forma para dictar a sabiendas una resolución con la que adjudicar a dedo estos contratos. La investigación analizaba todos los grandes servicios que se prestaron durante el evento, desde la construcción del altar a la preparación de los viajes pasando por algunas cuestiones de infraestructura, como los urinarios portátiles en la vía pública.

La Fiscalía, en su último informe del pasado 13 de noviembre, sostiene que la fundación del V Encuentro es pública porque las tres cuartas partes de los fondos que integran la dotación fundacional son públicos. No obstante, en la causa existen informes periciales que cuestionan esta tesis. La propia juez así lo hace en su auto utilizando el propio relato del fiscal al explicar que la fundación se «transmutó» en pública. Es decir, que era privada.

El sobreseimiento abrió la puerta a que Camps estallara finalmente el pasado sábado respecto a la persecución que asegura que vive por parte de la Fiscalía Anticorrupción y por «jueces socialistas». Camps enumeró la apertura de nueve causas de las que la mayoría han quedado archivadas. De esos nueve procesos, siete están ya archivados o absueltos. Es el supuesto del caso de los trajes, la financiación irregular del PPCV, el caso Nóos, el caso Calatrava, Valmor, la construcción del circuito de Fórmula 1, los contratos menores y una pieza por falso testimonio a raíz de su declaración como testigo en el juicio de la visita del Papa. «Llevo doce años sin pasar unas Navidades no imputado», lamentó el que fuera jefe del Consell. La Generalitat, muy probablemente se sumará también al recurso de la acusación pública.