La fiscalía reprocha a Economía que oculte el expediente a Francis Puig por pactar precios en À Punt

La Fiscalía de Valencia ha reprochado a la Conselleria de Economía su negativa a entregar información del expediente abierto a Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, por un supuesto pacto de precios para repartirse un concurso de À Punt.

No es la primera vez que la Administración valenciana parece enrocarse en la opacidad en este delicado asunto que compromete a la familia del máximo dirigente del Consell. La falta de transparencia de las diferentes administraciones han terminado habitualmente con pronunciamientos de la Justicia favorables al ejercicio de esa responsabilidad con los ciudadanos. En este caso, el contencioso administrativo fue planteado por la diputada popular Eva Ortiz. 

El ministerio público acaba de pronunciarse en un informe de hace unas semanas. El fiscal entiende que la denegación de esos documentos supone la vulneración del contenido del artículo 23 de la Constitución Española, el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos bien directamente o a través de sus representantes políticos. Este compromiso «lleva aparejado el derecho a la información», añade el responsable.

El fiscal amplía su argumentación y subraya que la petición del expediente por parte de esos representantes forma parte de su «estatus parlamentario o estatus anejo al cargo y dicha información no puede entorpecerse, limitarse o bloquearse sin la adecuada justificación» que en este caso, a criterio del ministerio público, no se ha dado.

En resumen, considera el especialista que la respuesta ofrecida por la Conselleria de Economía «implica una obstrucción al ejercicio de cargo público». Tras el informe de la fiscalía, favorable al PP, la Sala de lo Contencioso del TSJ deberá ahora resolver la cuestión. Desde las filas populares confían en que los magistrados den la razón a la demandante como ha ocurrido en recientes ocasiones con supuestos similares.

El expediente que la Generalitat niega al PP fue una de las primeras irregularidades que se detectó en el llamativo entramado empresarial de Francis Puig y sus socios. Todas las sospechas han terminado finalmente en un juzgado de Instrucción donde se investiga la actuación de los empresarios para lograr cuantiosas subvenciones para el fomento del valenciano.

Los hechos del anterior expediente se remontan a 2019 cuando À Punt sorprendió a siete productoras valencianas en un supuesto pacto de precios para repartirse parte de un concurso de servicio de imágenes dividido en doce lotes y por un valor total de 323.000 euros. Una maniobra prohibida por la ley de Contratos del Sector Público.

La Mesa de Contratación descubrió que Comunicacions dels Ports, Kriol y Canal Maestrat presentaron la misma oferta económica para los lotes 1,2 y 3, respectivamente. Esto les hizo obtener la máxima puntuación, con un importe sin impuestos de 20.000, 30.000 y 28.000 euros al año, respectivamente. La empresa del hermano de Puig -Comunicació dels Ports- ganó el lote 1 y no halló competencia en las otras firmas, de la misma manera que Kriol se hizo con el lote 2 y Canal Maestrat, con el 3 -a este no se presentó la productora del hermano de Puig-. Además, Kriol y Canal Maestrat tiene al mismo administrador, Juan Enrique Adell Bover, algo que no comunicaron las sociedades.