El fiscal ve «jactanciosa» la participación de Camps en la causa de la visita del Papa

La Fiscalía de Valencia ha presentado ya el recurso contra el archivo de la investigación de los once contratos efectuados por la fundación que organizó la visita del Papa a Valencia. En un extenso escrito, el ministerio público reclama la reapertura para sentar en el banquillo a los principales responsables políticos y eclesiásticos del evento, entre ellos Francisco Camps y un obispo auxiliar de Valencia Esteban Escudero.

La jueza no apreció indicios de prevaricación ni malversación en los investigados aparte de que, además, consideró que la fundación que efectuó las contrataciones del evento era privada y no tenía que someterse a la ley de contratación pública. El fiscal opone argumentos para tumbar las tres claves anteriores. En primer lugar, recuerda que la reciente sentencia de la Audiencia Nacional sobre el amaño de las pantallas ya concluye que se trata de una fundación pública, aunque en ese asunto no se contaba con las periciales de expertos que sí constan en Valencia.

Pero, además, insiste que no le corresponde a la instructora entrar en la naturaleza de la entidad, que esto sería una cuestión para el juicio oral. El ministerio público, por otra parte, reprocha a la jueza su análisis «tremendamente reduccionista» de los delitos analizados y más teniendo en cuenta las múltiples variables que permite su comisión. «Es bien sabido que se trata de unos tipos penales de amplísima fenomenología y de múltiples matices, que además se han ido evolutivamente cribando y reinterpretando por la propia jurisprudencia en función de la multiplicidad de técnicas y modalidades de actuación», indica el informe. Es más, sostiene que ha hecho una interpretación del tipo «elemental y estereotipada, que pudiera incluso considerarse trasnochada».

La acusación pública aborda la supuesta falta de indicios de la actuación delictiva de Camps, una participación que el fiscal califica incluso de «jactanciosa». Considera que sólo por autorizar el ingreso de los dos millones en la entidad y decidir algunos cargos ya son circunstancias suficientes para continuar con el procedimiento: «En aquella época se hacía lo que mandaba el presidente, como ahora y siempre, y este hecho por sí solo bastaría para enervar la crítica al fiscal».

El responsable insiste, en líneas generales, en denunciar las irregularidades en el proceso de contratación de la Fundación -sin concurso- e incluso con lagunas contables como la ocultación del importe de algunos trabajos, en concreto, los que hicieron desde Vaersa. Además, añade la falta de control de los dos millones que se inyectaron en la entidad por decisión de la Generalitat valenciana y el uso -pago de deudas- que se dio a esa cantidad. Por último, un tercer episodio sería todo el proceso de disolución de la entidad «plagado de numerosas irregularidades».

En definitiva, la acusación persiste en conocer qué ocurrió realmente con esta fundación. «No se ha logrado averiguar qué es lo que se hizo con esos dos millones de euros, qué parte de los mismos se destinó a pagar qué deudas, en qué proporción, con qué criterios y por quién decididos o con qué preferencias, a través de qué medios de pago, con qué justificantes...»