La Fiscalía tampoco ve indicios de criminalidad en Oltra y respalda el archivo de la causa

El ministerio fiscal, en un informe aportado recientemente al juzgado, no ve indicios de criminalidad ni en Oltra ni en el resto de investigados, altos cargos en su momento de la Conselleria de Igualdad. Las acusaciones, en cambio, sostienen que sí existe material incriminatorio suficiente -en realidad lo que había al comienzo del caso, según ellos- para sentar a la exvicepresidenta en el banquillo. La última palabra está en manos de la Audiencia.

En este sentido, el fiscal comparte el cambio de opinión del juez. «Resulta, pues, hasta cierto punto falaz pretender que lo dicho, en el primer trance, no puede ser revaluado en otro momento, bajo la luz de una información más amplia y con unas consecuencias procesales completamente heterogéneas». De hecho, tal y como apunta la acusación pública, de ser válido el argumento de las acusaciones populares, «el instructor quedaría bloqueado por su propio discurso previo, haciendo inútil el ulterior curso de su actuación».

El escrito recoge que la víctima de los abusos tampoco facilitó datos o información que pudiera comprometer el papel de las personas que le asistieron en un primer momento, como la directora y la psicóloga del centro. Así, no se puede valorar la conducta de las dos investigadas más allá de lo que hace el auto de archivo. Recuerda, de igual modo, la inexistencia de un protocolo de actuación para casos similares, por ejemplo, la orden de llevar a Fiscalía cualquier sospecha de abusos sin necesidad de mayores comprobaciones.

También el fiscal dedica un espacio a recordar que el análisis de los correos, «que tanto ha retrasado la causa», ha tenido un efecto nulo en el supuesto caudal incriminatorio contra los investigados.

Por último, el profesional del ministerio público resulta especialmente contundente contra los intentos de Vox por reabrir la causa. Pretenden construir una suerte de razonamiento incriminatorio por exclusión. «Algo así, como que, aunque nada se haya hallado que permita sostener una actuación jerárquicamente concertada, esta tuvo necesariamente que existir como única explicación a las conductas de todos ellos».

Todo esto, de ser cierto, llevaría a un planteamiento «superfluo de una investigación» -de esta y de cualquiera en realidad- ya que carece de sentido perseguir con tanto ahínco un asunto como este si la conclusión ha de ser idéntica con hallazgos que sin ellos. El fiscal elogia el trabajo del juez instructor -«50 folios de minuciosa exposición fáctica»- y desprecia el de la acusación: «No es capaz de presentar ni un esbozo de lo que sería su construcción alternativa».

La instrucción, de hecho, también ha variado el criterio del ministerio público. De aquel informe de la fiscal superior del TSJ, Teresa Gisbert, en el que apuntaba la existencia de una orden verbal, de un plan para supuestamente encubrir la denuncia contra el exmarido de la política se ha pasado a un análisis exculpatorio de la líder de Compromís. En aquel momento, Oltra todavía no había comparecido ante el titular de Instrucción 15 de Valencia.

El informe del fiscal encargado del caso complica la reapertura de la investigación penal contra Oltra y el resto de investigados, entre ellos, su exjefe de gabinete Miquel Real. Resulta más complicado que el tribunal revoque una decisión como esta con el informe en contra de la acusación pública. Las acusaciones populares corresponden a organizaciones de derecha radical, como Vox o una organización controlada por Cristina Seguí.

Oltra, por su parte, ha iniciado un tímido regreso a su vida pública. El pasado sábado asistió por primera vez en dos años a la asamblea de Iniciativa, su partido político y una de las tres piezas de Compromís.