La flexible línea roja de Compromís

«Lo de Fuset es muy doloroso, pero no es el primero que le pasa algo así. Lo que ocurre es que según quién sea, nos ponemos más o menos estrictos». Así explica un destacado miembro de Compromís un runrún interno dentro de la coalición entre aquellos nacionalistas con memoria. Pere Fuset recibió el sábado el respaldo público del alcalde de Valencia, Joan Ribó, para continuar como concejal. Destacados miembros de la coalición han expresado en redes sociales su solidaridad con el edil. Pere Fuset será juzgado por un accidente mortal en el montaje de una grada para los conciertos de Viveros, en junio de 2017. Se trata del primer concejal del Botánico en el Ayuntamiento Valencia que se siente en el banquillo, acusado de homicidio imprudente. «Tomó la decisión de su realización (el montaje de las gradas) al margen de la legalidad y despreocupándose de las medidas de seguridad para los trabajadores», resuelve la Sala de la Audiencia Provincial que respalda la labor del juez de instrucción y concluye que existen suficientes indicios de criminalidad para mantener el procesamiento. Sin embargo, también los hay que recuerdan que Compromís no se muestra siempre tan comprensivo con sus procesados.

«Lo de Ali Brancal fue igual, pero la hicieron dimitir, porque decían que lo que había pasado era muy grave», señalan las mismas fuentes, en relación a la concejal de Castellón que se vio inmersa en la misma causa que el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, finalmente absuelto, como ella. No obstante, en el caso de Brancal, la que fuera vicealcaldesa castellonense terminó fuera del Consistorio después de reuniones internas muy tensas, «porque su agrupación, la asamblea de Compromís per Castelló, de donde es Marzà, se la cargó, porque no era de 'la cuerda', y porque le reprocharon que el caso era 'muy grave'«. El mismo final feliz judicial (caso archivado) deparó este proceso a Miquel Torres, asesor de María Josep Amigó, vicepresidenta de la Diputación de Valencia, y al que tampoco se obligó a dimitir como a Brancal, recuerdan.

Esa 'cuerda' de la que no era Brancal es el sector que dirige el Bloc, la formación nacionalista preponderante en la Compromís. La dirección del partido cuenta con un holgado apoyo mayoritario de la militancia. No obstante, también hay voces discrepantes, o al menos no totalmente dispuestas a comulgar con ruedas de molino. «Y lo mismo pasó en Guardamar de la Safor«, señalan en referencia a la salida de Josep Martínez Moncho, un histórico del nacionalismo, que se presentó como independiente en 2015 después de que Compromís le apartara tras verse inmerso en una causa judicial, y que en mayo de 2016 tuvo que salir de la alcaldía de su pueblo. Moncho estaba investigado a raíz de un proyecto de reparcelación forzosa, algo parecido a lo que ha propiciado que Baldoví esté siendo también investigado en un juzgado de Sueca.

En los estatutos del Bloc se indica que los cargos públicos deberán poner su cargo a disposición de la Ejecutiva del partido si son procesados en delitos vinculados a la corrupción. Hasta ahí. Precisamente, ya hace unos meses, cuando Fuset estaba imputado, pero aún no se había decretado abrir juicio, se le permitió participar en las primarias de Compromís por considerar que se trataba de un asunto administrativo. «Si ocurre algo, en función de quién eres, se interpreta el reglamento con laxitud o no, y ahora, con Fuset, es un problema administrativo y le van a proteger, aunque al socialista Echávarri, el alcalde de Alicante, también lo llevaron al banquillo por una cuestión administrativa, que no era un caso de corrupción, pero nosotros exigimos su dimisión y llegamos a romper el gobierno», recuerda un alto cargo del Consell vinculado a los nacionalistas.

El código ético del Bloc aprobado en 2017 señala que los cargos orgánicos y públicos «renunciarán a su cargo en caso de ser condenados o condenadas por delitos relacionados con corrupción. También renunciarán a su cargo, a petición de la Ejecutiva Nacional cuando, una vez iniciado un procedimiento judicial, existan indicios de culpabilidad suficientes que causen un perjuicio grave a la imagen pública o a la acción política del Bloc, por actuaciones que vayan en contra de los principios éticos que determina este código».