El forense informó a la jueza de cuatro ingresos recientes de Zaplana en La Fe

El informe del Instituto de Medicina Legal encargado por el juzgado que debía decidir sobre el envío a prisión de Eduardo Zaplana recoge cuatro ingresos hospitalarios del exministro durante los dos últimos años. En noviembre de 2015 se le diagnosticó una leucemia que fue tratada ese mismo año con un trasplante. Con esto consiguió la remisión de la patología, aunque esta solución tuvo otras consecuencias en su estado de salud como, por ejemplo, un cuadro de inmunosupresión profunda, que le pone en una posición de debilidad ante infecciones.

El expediente recoge cuatro ingresos hospitalarios del exministro en los dos últimos años debidos a pericarditis, neumonías, trombosis y bronquitis. El último de estos episodios se registró en marzo de este año. Del mismo modo, el dosier recoge la abundante medicación diaria que toma el expresidente -y que seguirá tomando en la penitenciaría- y subraya el importante deterioro físico, con una marcada astenia y anorexia.

Los especialistas del Instituto de Medicina Legal precisan que la atención que recibe en la cárcel es totalmente correcta. Sin embargo, consideran que las condiciones de la falta de asepsia del entorno condicionan al paciente una morbilidad significativamente muy alta, es decir, más riesgo de contraer una enfermedad. Los médicos concluyen que su estancia en la cárcel valenciana influye de forma muy negativa en la enfermedad del exministro.

Los abogados del expresidente han recurrido la decisión de la juez a la Audiencia Provincial de Valencia. Parte de los argumentos de la defensa será el contenido del informe médico, que entienden que no se ha tenido en cuenta a la hora de decretar el ingreso en prisión. En este sentido, la sintonía entre Anticorrupción y el juzgado es total. La fiscalía reclamó la entrada en la cárcel por el riesgo de fuga, la posibilidad de destrucción de pruebas y la reiteración delictiva. El ministerio público sostuvo que existen sospechas del patrimonio oculto que aún hoy puede mantener el exministro de Trabajo, camuflado en diferentes sociedades de España y del extranjero. Y la juez aceptó la petición. Del mismo modo, las posiciones volvieron a coincidir con los otros dos presos: el asesor fiscal Francisco Grau y el supuesto testaferro Jorge Barceló.

La defensa de Zaplana planteó a la instructora la libertad del expresidente de la Generalitat por razones humanitarias o, en su defecto, arresto domiciliario. Pero la titular y el fiscal no variaron su posición. La última palabra la tendrá la Audiencia.

En el denominado caso Erial, se investiga, entre otras actuaciones, el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en 2003. En el auto de prisión, la jueza imputa a Zaplana de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y grupo criminal.

Las pesquisas apuntan a que algunos de los empresarios beneficiarios de estas concesiones habrían pagado alrededor de diez millones de euros en concepto de comisiones. Posteriormente a través de un complejo entramado financiero y acertadas inversiones, el exministro podría haber doblado el patrimonio, según fuentes del caso.