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Cuarta sesión del juicio por la caja B del PP de Valencia en las campañas electorales de 2007 y 2011. El día ha sido, sin ... duda, propicio para las acusaciones. Quizá la mejor sesión de todas las celebradas hasta la fecha. Por un lado, a primera hora de la mañana, la Fiscalía planteó la declaración testifical del director del medio digital ValenciaPlaza. El objetivo era tratar de contrarrestar el cambio de versión -«acreditar la falsedad», en palabras del fiscal- del que iba a ser el testigo capital de las acusaciones, Jesús Gordillo.
Este periodista, según la acusación pública, mantuvo una larga conversación en su día con Gordillo, extrabajador de Laterne. La acusación considera que el profesional puede aportar datos de interés acerca de lo que en su día le comentó el que fuera asesor de Alfonso Grau. Por ejemplo, sería relevante conocer qué información tenía el testigo sobre la documentación, cómo la consiguió y por qué decidió entregarla a un medio de comunicación para su posterior traslado a Fiscalía.
Gordillo, en su declaración en el juicio, exculpó a Alfonso Grau -a quien antes había acusado de ser el artífice de la financiación ilegal del PP- y achacó su testimonio incriminatorio a presiones de la UCO. Es más, aseguró que un desconocido le asaltó en plena calle, le entregó los papeles y amenazó a sus hijos si esa documentación no terminaba en la Ciudad de la Justicia.
La defensa de Grau se opuso a la citación del periodista. Planteó que introducir testificales para aclarar aspectos de otras testificales poco menos que supondría que el juicio no tuviera fin. El tribunal coincidió en este criterio. Pero añadió una excepcionalidad para conceder la comparecencia. Se trata de un testigo muy relevante -sin duda el principal- en el escrito de acusación. Y los magistrados sostienen que el contenido de esa declaración puede resultar «trascendente» en el resultado final.
El letrado del exvicealcalde adelantó que planteará una nulidad porque el periodista ha informado de este proceso y conoce a los testigos. No parecen argumentos demasiado sólidos.
Esta fue la primera parte positiva para las acusaciones. A continuación, el juicio, deparó otras revelaciones favorables al fiscal y a la acusación popular, que ejerce Compromís. Un testigo, que tenía una agencia de publicidad, mantuvo relaciones mercantiles con el Grupo Municipal del PP en 2011. Su contacto era Mari Carmen García Fuster y era ella la que pagaba los actos. «Lo hacía en efectivo y en su despacho», precisó.
El letrado de Fuster le recordó que en 2007 ya no tenía la empresa, pero el hombre respondió que estaba dado de alta como autónomo. «La forma de pago me la imponían ellos», señaló en referencia al PP. «No nos solicitaban factura», insistió. Algo, evidentemente, totalmente irregular. También le entregaron algún cheque al portador para abonar estos servicios.
Igual de contundente se mostró un fotógrafo de las campañas de Rita Barberá. Este profesional hizo facturas que le pagó Laterne, pero con anterioridad a exigir el soporte legal para abonar los trabajos vivió una situación cuanto menos extraña cuando fue a cobrar un acto que se hizo en el Palau de la Música, la presentación de candidatos.
El periodista gráfico llevó una factura a la sede de los populares, en la plaza del Ayuntamiento. «Llegué allí y salió una señorita (no recordaba la identidad). Entonces me dijo: '¿Cuánto es?'. Y, a continuación, le ordenó que la factura no, que sin IVA. Sacó el dinero de una cajita de juguete y me pagó». Además, le dijeron que rompiera la factura. «No estaba dispuesto a trabajar de esa forma. Por eso luego me contrataron por la agencia».
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