La agilidad de una instrucción judicial pende de multitud de factores, algunos de difícil control. En ocasiones, el principal responsable es el juez, el letrado ... de la Administración de Justicia o los funcionarios. O todos ellos en diferente o idéntico grado. Otros asuntos, en cambio, se atascan por la lentitud de las periciales. Y esto es lo que, por el momento, ocurre en el caso de Francis Puig, el hermano del expresidente de la Generalitat investigado por la supuesta obtención irregular de subvenciones públicas para el fomento del valenciano.
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El principal interesado en que la instrucción avance parece ser el propio investigado, convencido de que el asunto se quedará en la vía administrativa porque no existe actividad delictiva. Por ese motivo, su defensa acaba de presentar un escrito en el juzgado en el que solicita al juzgado -el anterior titular ha pedido el cambio a otro órgano de instrucción- que reclame a la Guardia Civil el informe definitivo sobre los hechos. En este sentido, ya se requirió a la Benemérita hace unos meses, en noviembre del pasado año, para que entregaran el dosier. La respuesta fue «en breve». Casi cinco meses después no hay noticia del trabajo.
Y esto se suma ya a la demora que acumula el procedimiento. En total, son tres años de espera de ese informe de la Guardia Civil, según lamenta el letrado de Francis Puig. El primer trabajo de los agentes no fue concluyente respecto a las irregularidades. Fue entonces, julio de 2022, cuando la Fiscalía Anticorrupción encargó otro dosier, que complementara ese primer documento, en el que se analizaran si las facturas que aportaron las empresas de Francis Puig (Communicació dels Ports y Mas Mut) y las de su socio, Adell Bover (Canal Maestrat), respondían a servicios reales o se trata de documentación falsa que sólo persigue lograr un soporte documental para justificar ayudas.
El letrado de Francis Puig no se explica cómo este dosier todavía no está elaborado. Además, se da otra circunstancia con la que los agentes no salen beneficiados. La Intervención de la Generalitat presentó antes su informe pese a que tenían que la documentación que debían analizar era incluso mayor que la de la Guardia Civil.
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Esta pericial resultará clave para el devenir del procedimiento. El juez que inició la instrucción del caso pidió su traslado a otro juzgado hace unos meses. Sorprende que el cambio fuera a otro órgano de instrucción. Desde algunos ámbitos se atribuye esta decisión a algunos errores que se han producido en el juzgado como el hecho de que se prorrogara la causa sin dar traslado a las defensas. Una situación que la Audiencia anuló y que acotó la instrucción a lo que estaba ya acordado. No hay, sin embargo, posibilidad de nuevas diligencias.
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