Anticorrupción pide a la Guardia Civil un nuevo informe sobre las facturas de Francis Puig

El ministerio fiscal ha solicitado la práctica de un nuevo informe de la Guardia Civil en el que se analicen si las facturas que aportaron las empresas de Francis Puig (Communicació dels Ports y Mas Mut) y las de su socio, Adell Bover (Canal Maestrat), responden a servicios reales o se trata de documentación falsa que sólo persigue lograr un soporte documental para justificar subvenciones. Puig y Bover forman lo que se ha conocido como el cartel de las productoras que ya fueron sancionados con 43.000 euros por pactar precios.

Deriva este encargo a los especialistas debido a la «complejidad» de la diligencia. En algunos supuestos se pide la comprobación de los albaranes y los pagos. En otros casos, como la Sepi, se trata de averiguar si existe un contrato que justifique la facturación. Se dan circunstancias tan extrañas con algunas empresas como el hecho de que todas las facturas tengan la misma fecha.

En este sentido, la fiscal solicita que se compruebe la existencia de los citados proveedores. La acusación pública elabora un amplio listado de proveedores y facturas bajo sospecha.

Así, las peticiones sobrepasan el medio centenar de encargos a los agentes de la Guardia Civil. El dosier implica una gran carga de trabajo. No parece que este expediente pueda completarse en unas semanas.

Por otro lado, todavía queda pendiente conocer un informe de la Intervención de la Generalitat respecto a los procedimientos de reintegro iniciados, al menos siete, contra una de las mercantiles bajo sospecha.

De igual modo, la Fiscalía reclama la declaración de cuatro trabajadores de Mas Mut para que acrediten la ubicación de la mercantil debido a las dudas aparecidas durante la instrucción. En caso de ser citados lo harían como testigos. Esa circunstancia implica que cualquier omisión de la verdad puede tener consecuencias penales para ellos.

No es la única mala noticia para Presidencia donde siguen con preocupación todas las novedades del asunto judicial. La Fiscalía ha pedido también una prórroga de la investigación. Otros seis meses de pesquisas si el magistrado instructor finalmente lo acuerda. No es nada descartable, más bien todo lo contrario, que la causa llegue viva al próximo año.

Juan Enrique Adell Bover y Francis Puig ya han declarado como imputados en el juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, que investiga los hechos. Tras una comparecencia algo caótica en la que no pudieron explicar de manera convincente algunos de los gastos que pasaban a subvencionar se comprometieron a aportar toda esa información en el juzgado, un trámite que, al parecer, todavía no han completado. De esto hace casi dos meses. La tarea puede ser realmente laboriosa porque supone comprobar abundante documentación.

Adell Bover era dueño de al menos dos mercantiles Canal Maestrat y Kriol Producciones con las que recibía cuantiosas subvenciones. Coincidió con Francis Puig en su intento por esquivar cualquier tipo de responsabilidad acerca de la presentación de las mismas facturas para obtener subvenciones de los Gobiernos de Cataluña y Valencia.

De hecho, en cierta medida quiso responsabilizar a la Administración en el sentido de que cuando dan una subvención desconocen qué importe de todos los solicitados son realmente los que se están sufragando. De esa forma, justificó Francis Puig que presentaran las mismas facturas en ambos territorios.

El hermano del presidente ha tratado de presentarse más como un trabajador que como un empresario. Es casi la misma idea que trata de difundir Presidencia y el PSPV al restar importancia al papel del familiar en las sociedades.

Puig declaró durante cuatro horas pese a que se negó a contestar a las preguntas del PP, que ejerce la acusación popular. Francis Puig tiene dos empresas: Comunicación dels Ports y Mas Mut. La fiscal comenzó su interrogatorio preguntando acerca de los domicilios sociales que ha tenido la primera mercantil. «La empresa nació en 1998 y es peculiar porque se hizo con aportaciones de mucha gente de la comarca, unas 60 personas de diferentes ideologías. Yo tengo 49 acciones de 1.000 euros. Yo no soy el propietario, quiero que quede claro».

Durante el interrogatorio se le recordaron las declaraciones de la exmujer de Adell Bover, que forma parte del procedimiento como testigo. De hecho, fue ella que denunció que su exmarido se aprovechaba de los contactos en el Gobierno que tenía Francis Puig. «Desconozco por qué dice que soy el socio en la sombra de Canal Maestrat. Conozco a Inés porque trabajaba en Canal Maestrat. Mi relación con ella ha sido poca y laboral. Era la mujer de Juan Enrique Abdell. Sé que ellos han tenido desavenencias y no sé hasta qué punto eso ha influido».