Francis Puig se queja en el juzgado de la campaña mediática del PP

En este sentido, el letrado reclama una reflexión acerca del interés de la acusación popular del PP en esta causa que podría estar guiada por otro tipo de intereses más allá de los inicialmente previstos, aclarar las sospechas sobre unas subvenciones. «Resulta altamente significativo que, para atacar a un representante político, en lugar de sacar su foto, se utilice la imagen de mi cliente intentando perjudicarle gratuitamente», recoge el letrado.

La defensa recoge que estamos ante una situación que encajaría «en los riesgos a los que se refiere el Tribunal Supremo en su Sentencia de 10 de julio de 1995 al referirse a los abusos ilegítimos en los que puede incurrir la acusación popular».

La intención del letrado al aportar las muestras de esta campaña es obtener una eventual condena en costas para los populares en el caso de que el asunto llegara a juicio.

La campaña electoral ha comenzado con un balón de oxígeno para Ximo Puig en la investigación abierta a su hermano. La investigación aborda graves irregularidades en la concesión de ayudas, fundamentalmente para proyectos del fomento del valenciano.

Tres hechos han contribuido a rebajar la presión sobre este asunto en las últimas semanas, una investigación de corrupción que afecta a la familia del presidente de la Generalitat y que ha sido utilizada por el PP como munición electoral. Y más todavía en el periodo actual, ante unas disputadas elecciones.

El último ha sido el comunicado de la Intervención catalana donde dan algunas claves del dosier que preparan sobre las ayudas concedidas por el Govern. En este sentido, aclaran que no existe «posibilidad de coincidencia en las facturas aportadas por los beneficiarios para justificar las subvenciones otorgadas por la Generalitat de Catalunya y por otras administraciones públicas, porque estas ayudas son sin costes subvencionables identificables».

Una de las diligencias estaba encaminada precisamente a descubrir si Francis Puig había obtenido sendas ayudas de los gobiernos valencianos y catalán para subvencionar un mismo cometido. Y si en el cómputo global se superaban los 120.000 euros de fraude, límite a partir del cual se supera la infracción administrativa para adentrarse en la esfera penal.

Las semanas anteriores también han traído noticias positivas para los principales investigados. Por un lado, la anulación de la prórroga de la investigación que había acordado el juez. Y, por otro, el sobreseimiento para Rubén Trenzano, director general de Política Lingüística.