Francis Puig recibió 600.000 euros a pesar de amañar contratos

En cambio, a los hermanos Adell Bover, los colaboradores necesarios en el conocido cártel de las productoras, la vida no les ha ido tan bien como a Francis Puig, que está considerado como el cabecilla de la trama. Incluso han tenido que liquidar la mercantil Canal Maestrat, una de las productoras que fue sorprendida en el cambalache de las corresponsalías comarcarles de À Punt. Estar en los titulares de los medios de comunicación por ser los protagonistas de un caso judicial afecta más o menos en función del apellido que cada uno ostenta. Puig flota, mientras los Adell Bover han visto como parte de su negocio se ha ido al fondo del mar.

En enero de 2021, la Comisión de Defensa de la Competencia de la Generalitat sancionó por una infracción muy grave a Comunicacions dels Ports –de Francis Puig– con 16.801 euros, y a las mercantiles Kriol Producción y Canal Maestrat –de los hermanos Adell Bover, socios principales del hermano del jefe del Consell– con 26.103 euros. La otra productora multada, aunque con una cantidad menor, fue Visualiza –3.337 euros–.

A la sanción económica, que en global sumaba algo más de 46.000 euros, se añadió una petición para que se valorara la posibilidad de prohibir a las empresas sancionadas contratar con la administración pública. Una solicitud que lleva dos años en un limbo administrativo y sobre la que nadie ha tomado una decisión. A la espera de la ejecución definitiva, Francis Puig ha seguido engordando sus cuentas con contratos y subvenciones de distintas administraciones.

El dato curioso, por incongruente, es que À Punt, la empresa pública que denunció el amaño de los contratos por parte de Francis Puig y sus socios, adjudicara por 120.000 euros a Comunicacions dels Ports una nueva corresponsalía en septiembre de 2022, un año y nueve meses después de que la empresa de Francis Puig fuera sancionada.

La historia es rocambolesca. À Punt detectó en marzo de 2019 el pacto de precios de cuatro mercantiles para quedarse con varias corresponsalías comarcales de televisión, excluyó a las empresas del concurso y puso los hechos en manos de Competencia, que abrió un expediente para analizar lo sucedido.

La investigación terminó con una multa económica y la petición a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado de que tomara la decisión, si así lo estimaba, de que estas productoras de televisión no pudieran contratar con organismos de la administración pública. El amaño de precios para manipular concursos está catalogado como falta muy grave.

Una petición que dos años después todavía no se ha resuelto –las empresas afectadas recurrieron y dilataron el proceso– y que ha permitido al hermano del presidente de la Generalitat sumar contratos a su balance de resultados, que vuelve a arrojar superávit tras el ejercicio de 2020, que cerró con más de 39.000 euros. À Punt, la empresa que denunció las trampas de estas empresas es la que curiosamente ha engordado las cuentas de la firma de Francis Puig, ya que no puede excluir a Comunicacions dels Ports de los concursos porque todavía no se ha resuelto la petición de Competencia –incurriría en un delito de prevaricación si no aceptara que la empresa de Francis Puig participara en el concurso–

La adjudicación de las corresponsalías de las comarcas del interior de Castellón a Comunicacions dels Ports se realizó el 1 de septiembre y quedó formalizada el 24 de septiembre. El acuerdo es hasta 2026 y los 120.000 euros se repartirán a razón de 30.000 euros por anualidad entre 2023 y 2025 mientras que en 2022 la aportación fue de 10.000 euros y será de 20.000, en 2026, debido a que estos dos ejercicios no serán de año completo.

Al margen de los contratos, Comunicacions dels Ports ha recibido 428.000 euros en subvenciones de la Comunitat Valenciana y de Cataluña. La mayoría de ese dinero es para campañas de promoción del valenciano. La percepción de ayudas públicas no entra dentro de la posible sanción de Competencia, pero es significativo que la empresa del hermano del presidente de la Generalitat haya visto como sus cuentas han sido regadas con miles de euros de dinero público. Además, las ayudas para la promoción del valenciano recibidas por Francis Puig en años anteriores son el argumento principal de una de las causas judiciales abiertas y que afectan directamente a la línea de flotación del Consell del Botánico, a la misma altura que el caso Oltra y la investigación de la causa de Azud.

En cambio, a los hermanos Adell Bover el negocio no les ha ido muy bien. Canal Maestrat era su buque insignia y lo han tenido que liquidar tras acumular en dos ejercicios más de 200.000 euros en pérdidas.

Canal Maestrat recibió sendas ayudas del Ministerio de Asuntos Económicos para paliar los efectos de la pandemia, pero las aportaciones no han sido suficientes para salvar la mercantil. En cambio, Kriol Produccions, otra de las empresas de los Adell Bover y sancionada también por Competencia, se mantiene a flote y con resultados en positivo durante el ejercicio de 2021 –casi 11.000 euros– tras perder más de 37.000 euros en 2020. Los contratos de los Adell Bover se resumen en 300 euros del Ayuntamiento de Peñíscola y 8.000 euros de una ayuda de la conselleria de Economía.

Los Adell Bover, para quitarse el estigma del cártel de las productoras, compraron TV Castellón para poder optar a subvenciones y contratos, como el que les adjudicó À Punt por valor de 60.000 euros en enero de 2021 y ayudas de la Generalitat por más de 320.000 euros desde enero de 2021.