Francis Puig y sus socios crearon más firmas para seguir optando a fondos públicos

La sanción de 43.000 euros que la Comisión de Defensa de la Competencia ha impuesto al empresario Francis Puig y a sus socios, por el amaño de los precios para contratar con À Punt a través de sus productoras, ha desencadenado también en la petición a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado para que estas firmas no puedan volver a recibir fondos públicos. Sin embargo, los empresarios que han formado el cártel para beneficiarse de los concursos públicos podrían seguir contratando con las administraciones mediante nuevas empresas creadas mientras se investigaba a las ahora condenadas Comunicacions dels Ports, empresa matriz del hermano de Ximo Puig, Canal Maestrat y Kriol, las dos productoras de los Adell Bover y Visualiza.

Y es que Francis Puig creó una tercera productora de televisión, Lamp telecom, para cobrar nuevas subvenciones. Con esa firma ya recibió 60.000 euros de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria sólo cinco meses después de haberse constituido de manera oficial. En un tiempo récord y con el domicilio social en el mismo sitio donde se encuentran las instalaciones de Comunicacions dels Ports, Lamp Telecom logró la máxima ayuda pública posible para empresas de nueva creación. Entre la convocatoria y la concesión de la subvención pasaron once meses, el tiempo necesario para que Francis Puig diera forma a una tercera productora de televisión, cuando ya poseía dos sociedades similares como Comunicacions dels Ports y Mas Mut Producciones. La primera está radicada en Morella y la segunda, en la localidad turolense de Peñarroya de Tastavins.

A partir de la publicación de las ayudas, Francis Puig se puso a trabajar para dar forma a su tercera productora de televisión y cobrar los 60.000 euros de ayuda por la creación de una nueva empresa. La orden del programa permitía que si la sociedad estaba en fase de constitución, con el DNI del promotor y, en su caso, los estatutos era suficiente. La documentación completa de la empresa sólo debía presentarse antes de la primera certificación para el pago de la ayuda concedida. Esta cláusula, según las fuentes consultadas, desapareció en la nueva convocatoria.

La fecha del comienzo de operaciones de Lamp Telecom es del 17 de octubre de 2018 -apareció publicado en el Borme del 11 de noviembre-, seis meses después de que la conselleria publicara las bases reguladoras de las ayudas. La tercera productora de Francis Puig, creada con un capital social de 3.000 euros, tuvo muchos meses por delante para armar su proyecto y concurrir a la subvención. Lamp Telecom tiene como único accionista a Comunicacions dels Ports, con quien comparte instalaciones en la calle En Tint, 9. El Grupo de Acción Local, que es el que filtra las ayudas, ya advirtió de las vinculaciones empresariales de las tres firmas de Francis Puig, que se llevaron un total de 95.760 euros en ayudas rurales.

Pero este modus operandi no fue sólo seguido por el hermano de Puig. La productora TVCS Retransmisions –conocida como Televisión de Castellón– fue comprada por los Adell Bover a finales de agosto de 2019. De esta manera se hacían con el control de una nueva empresa después de ser sorprendidos pactando precios con Francis Puig con sus productoras Canal Maestrat y Kriol, las ahora sancionadas por Competencia. Los Adell Bover compraron esta firma y han puesto al frente de la misma a una persona de confianza para quedarse ellos en un segundo plano. De esta manera intentan evitar la polémica.

De este modo, tanto Francis Puig como los Adell Bover podrán seguir contratando con las administraciones públicas incluso si la Junta Consultiva de Contratación Pública les prohibe finalmente optar a nuevos concursos, ya que la suspensión está sólo circunscrita a las productoras Comunicacions dels Ports, Canal Maestrat, Kriol y Visualiza. Fuera quedan las nuevas empresas de producción que se crearon aparte de las condenadas, que sí podrán seguir optando a fondos públicos.

Competencia de la Generalitat ya tramitó la sanción y resolución el pasado 29 de noviembre, y en ese mismo día dio curso a la petició a la Junta de Contratación para aplicar la prohibición de contratar con administraciones. Una petición que debe ahora ser resuelta por el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.

Precisamente, el PP quiere presentar una proposición de ley para que las empresas sancionadas no puedan concurrir a ninguna subvención de las administraciones públicas. «A ver qué hacen Podemos o Compromís. A ver ahora qué dice Puig que se ha llenado la boca hablando de hipoteca reputacional», se preguntó la diputada popular Eva Ortiz.