Los frentes judiciales sacuden a la izquierda

Resulta, en ocasiones, conmovedor comprobar cómo el discurso de determinados líderes políticos es idéntico cuando la sospecha de la corrupción entra por su despacho. En la peor época de Francisco Camps, rodeado de asuntos de corrupción propios y ajenos, sacaba a relucir la bandera de la conspiración y la persecución por parte de la oposición. En una estrategia del todo equivocada -la abogacía del tripartito, ha dicho en algunos de sus escritos- se esforzaba más en atacar a sus contrarios que en despejar las dudas que pudieran existir. Pero ahora, tras una legislatura del Botánico concluida y con apenas un cuarto de la segunda etapa, son los frentes judiciales los que sacuden con toda su intensidad a la izquierda en la Comunitat. Sorprendentemente, en numerosos casos, socialistas o podemos dicen que el PP quiere atacarles políticamente. El más reciente, el propio presidente Puig, con la denuncia contra su hermano.

Conviene repasar la hemeroteca y situar el origen de los grandes males judiciales de los populares. Así, el listado es significativo para marcar tendencia. Caso Cooperación (denuncia de Compromís y PSPV), Emarsa (PSPV), caso F-1 (socialistas y nacionalistas), Imelsa (Esquerra Unida), caso FGV ( Compromís), Caso RTVV (Compromís), caso Feria de Valencia (también obra de los socialistas). El destino ha sido dispar para esos asuntos, algunos con duras condenas. De ahí que no se deba desacreditar el origen de una investigación porque provenga de un partido político.

De igual modo que el PP fue desalojado del Palau por la crisis económica sumada a la sucesión de escándalos entre destacados dirigentes, empieza a instalarse ahora una atmósfera similar en el entorno del Botánico. Las sospechas de irregularidades e incluso el cierre de investigaciones judiciales con procesamientos trasladan la idea de que la izquierda valenciana ya no puede presumir de la ejemplaridad de sus primeros días.

Sin duda, el caso más grave hasta la fecha, con todo un presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, investigado junto a su núcleo más cercano de colaboradores por la contratación irregular de directivos en Divalterra.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que la trama creó un órgano al margen del consejo de administración para decidir la incorporación de estos altos cargos que, en realidad, nunca ejercieron funciones de acuerdo a su sueldo de más de 50.000 euros al año. Todos los fichajes de la empresa pública -heredera del gran foco de corrupción que fue Imelsa con el PP- se hicieron por afinidades políticas y sin respetar los requisitos de publicidad y concurrencia. La causa también ha salpicado a Agustina Brines, cargo de Compromís y cogerente de la firma.

Uno de los concejales emblemas de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia es Pere Fuset. Su situación judicial resulta delicada. Por un lado, se encuentra procesado por la muerte de un operario durante el montaje de las gradas de Viveros para la Feria de Julio.

El juez cree que tuvo un papel clave y activo para que sea autorizara esa infraestructura sin las necesarias medidas de seguridad. Y, además, el instructor apunta incluso la existencia de otro delito de prevaricación al autorizar la explotación de un local para compensar lo de las gradas sin constar expediente previo.

Pero, además, en el Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia también está investigado Pere Fuset por el fraccionamiento de contratos en la organización de la feria Expojove y con motivo de otros eventos realizados por su departamento. El fiscal apreció indicios delictivos en un informe que consta en la causa.

Existen dos derivadas de este asunto que amenazan finalmente con confluir en un mismo destino. Por un lado, la causa de Instrucción 9 de Valencia que aborda el caso de Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions, en manos del hermano del presidente, Francis Puig, que ingresaron sólo de la Generalitat valenciana 520.184 euros en ayudas para distintos programas. Del total, 369.390 euros corresponden a ayudas para el fomento del valenciano, las que están en cuestión. La denuncia del PP -el juez ya ha citado a los querellados como investigados- recoge que se duplicaron facturas para justificar las subvenciones. Aparte, la fiscalía mantiene abierta otra investigación -todavía no judicializada- en la que se investigan a las productoras de la familia Adell Bover. Una extrabajadora ha denunciado el cruce de facturas entre estas mercantiles y las de Francis Puig y que este era, en realidad, el verdadero ideólogo de cómo captar las subvenciones a la Generalitat. La frase más sorprendente de su declaración fue el comentario que escuchó: «Cuando gane Puig nos vamos a forrar».

El convenio del Ayuntamiento de Valencia con la Universitat para elaborar un mapa escolar reúne suficientes indicios delictivos contra María Oliver, ex edil de Podemos y excandidata de la formación a la Alcaldía. El juez enumera toda una serie de irregularidades como la falta de competencias municipales, el modo de encargar el trabajo, la justificación de los gastos y el uso de dinero de fondos locales de manera ilegal. El banquillo de los acusados se acerca ahora para Oliver y el docente de la Universitat y también excompañero de Podemos José Manuel Rodríguez.

La desaparición de cuatro millones de euros de la EMT lastra ya la imagen de Giuseppe Grezzi, concejal encargado de esta materia. El dinero fue a parar a dos bancos de Hong Kong con la conocida como estafa del CEO, que consiste en suplantar el correo del responsable -en este caso Grezzi- para que los subordinados acaten las órdenes y transfieran el dinero. Sólo un aviso del banco ante las extrañas operativas financieras, permitió detener el fraude que estaba diseñado para saquear siete millones de euros. La investigación, que ha desembocado en el juzgado y se desconoce qué rumbo tomará, tiene como investigada, de momento, a la trabajadora que transfirió el dinero. Fue despedida por Grezzi, que carga sobre ella toda la culpa del fraude. Sin embargo, los protocolos de la empresa han fallado. La última novedad alrededor de la EMT es que el cuñado del alcalde Joan Ribó es socio del bufete que ha facturado 220.000 euros a la EMT. El despacho está en manos de Salvador Martínez, secretario del consejo de administración de la entidad.

El último caso en saltar a los medios esta misma semana ha sido la petición de cinco años de cárcel contra el exmarido de la vicepresidenta Mónica Oltra por unos hechos que presuntamente se cometieron en un centro de menores, dependiente de la conselleria que ella dirige. La Generalitat no está como responsable civil subsidiario por un error en la instrucción. El caso ha sacado a relucir las limitaciones de la Conselleria para apartar de las instalaciones a personas investigadas por este tipo de delitos. La vicepresidenta ha tenido que defender la correcta actuación de su departamento en un caso tan sensible como este.