Los frentes de Oltra que lastran Igualdad

A. Rallo

Valencia

Sábado, 20 de agosto 2022, 23:14 | Actualizado 23:38h.

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Debe de ser un verano atípico para Mónica Oltra. La todopoderosa exvicepresidenta del Consell está fuera del tablero político por primera vez en siete años. Aquella despedida entre lágrimas, con su familia y rodeada de sus principales amigos y algún enemigo, forma ya parte de la historia de la política valenciana. Un hipotético regreso depende de cómo de rápida sea la instrucción de la deficiente gestión de la denuncia de abusos, pero fundamentalmente del resultado. Sin duda, es el problema de mayor enjundia. Pero acumula otros frentes -judiciales y administrativos- que ponen en cuestión su etapa al frente de Igualdad y, en cierta medida, hipotecan el futuro de su sucesora Aitana Mas. Y todo esto a unos nueve meses de las elecciones. El tiempo pasa volando. Pero en política, el mundo avanza a una velocidad más.

En el recorrido de todo este asunto, que comienza con una denuncia por abusos sexuales en 2017, no se antojaba como probable que el caso salpicara a Mónica Oltra. Ni siquiera tras la primera condena a su marido, golpe del que políticamente se repuso. Todo, no obstante, comenzó a enredarse tras la repetición del juicio. El TSJ ordenó una nueva vista después de que un informe, favorable al acusado, no formara parte de la causa. Por un extraño cúmulo de circunstancias que sólo se explica por el complicado engranaje de la Administración y el no siempre fácil funcionamiento de la Justicia, el dosier no había llegado al juzgado. La segunda sentencia de la Audiencia fue igualmente condenatoria, pero añadía críticas a la conselleria por emprender una investigación «parajudicial», por el sorprendente sesgo del informe y apuntaba a la desprotección que sufrió la adolescente. Aquello fue el punto de partida de una denuncia de la menor y otra de Cristina Seguí. Posteriormente se sumó Vox. Pero incluso en aquel momento, el recorrido de las indagaciones judiciales se esperaba limitado. Todo lo contrario. Las imputaciones se sucedieron y finalmente el titular de Instrucción 15 de Valencia envió una exposición motivada al TSJ ante los indicios de la participación de Oltra en esa negligente -se debe aclarar si delictiva- actuación del departamento. Gestión que, por otra parte, ella siempre ha defendido. Existía cierta esperanza en la vicepresidenta en que la Fiscalía expondría un criterio diferente. Nada más lejos de la realidad. Fue más contundente y crítica e incluso sugirió la existencia de una orden verbal por parte de la entonces vicepresidenta para utilizar todos los recursos disponibles para enterrar la denuncia. Una tesis que inhabilitaba políticamente a Oltra. El TSJ abrió causa contra ella. El enroque de la vicepresidenta se iba debilitando con el paso de los días. Todo terminó entre lágrimas en la sede de Compromís. El día 19 declara en el juzgado. La Audiencia debe ahora resolver acerca de la petición de varias defensas de que se aporten los correos electrónicos que los investigados cruzaron en aquella época, la de la investigación de los abusos. Esta decisión puede demorarse unos meses. El hecho que el caso haya regresado al juzgado que ya vio indicios contra la entonces aforada no invita a pensar en un final rápido y satisfactorio para el mayor activo electoral de Compromís.

Será, si se cumplen los plazos, el primer trámite en resolverse. El Tribunal Supremo debe pronunciarse en los próximos meses sobre el recurso del educador Luis Ramírez Icardi a la condena de cinco años de prisión. El exmarido de Oltra -se divorciaron tras conocer la vicepresidenta lo ocurrido- plantea que ha sufrido indefensión al repetirse el juicio únicamente de manera parcial y, además, ser juzgado de nuevo por el tribunal que ya la condenó en la primera vista. En el recurso recoge que se le apliquen algunas atenuantes para reducir la pena -la Audiencia, en cambio, le impuso la agravante de superioridad- como la reparación del daño y los retrasos del procedimiento. De igual modo, reclama la repetición del juicio con un nuevo tribunal, libre de contaminaciones de este delicado asunto. Una pronunciamiento favorable del alto tribunal beneficiará a la vicepresidenta. Si realmente no existió el abuso, algunas de las sospechas que amenazan la ejemplaridad de Oltra perderían consistencia.

Existe otro frente abierto con la Conselleria de Igualdad que resulta independiente, al menos en la práctica, de lo que depare el procedimiento judicial. Al margen de si existe responsabilidad penal en los hechos investigados por parte de la vicepresidenta o el resto de los imputados de la Generalitat, la víctima Teresa Tanco reclama 240.000 euros de indemnización al departamento autonómico. Considera que la conselleria, el órgano que debía protegerla porque tenía su tutela, se despreocupó de la denuncia y no le ofreció ni siquiera un abogado para que defendiera sus intereses, tal y como exige el procedimiento. Este expediente, que ya cuenta con un instructor del propio departamento, se encuentra paralizado. No se retomará hasta que la vertiente judicial esté resuelta de manera definitiva.

La Conselleria de Igualdad tiene abierto un expediente de protección de los hijos de la víctima de los abusos del marido de Oltra. La joven se quedó embarazada cuando aún era menor de edad. El pasado julio dio a luz a otro niño. La conselleria abrió un procedimiento para estudiar una posible situación de desamparo tras un informe de los servicios sociales de una localidad próxima a Valencia. Existían sospechas de que los menores no estaban suficientemente atendidos y que, en ocasiones, se quedaban a cargo de terceras personas por motivos que se desconocen. En uno de esos informes, se apuntaba incluso el consumo de drogas de la progenitora. De momento, los análisis han dado negativos. La presión en Igualdad es tremenda debido al procedimiento judicial. Por ese motivo, trataron de desligarse de la situación y elevar el expediente a la Fiscalía. Pensaban que cualquier medida de protección que acordaran podría ser interpretada como una venganza por la situación judicial de Oltra. Las acusaciones, de hecho, así lo han afirmado públicamente: creen que se trata de una persecución. Una patata caliente que ya afecta a la etapa de Aitana Mas en el área de Igualdad.

Existe una teoría en las acusaciones de que la fallida denuncia contra un centro de protección de Segorbe, dirigido por una orden religiosa, se montó para ocultar el caso del exmarido de Mónica Oltra. El periodo temporal coincide. Las instalaciones fueron clausuradas y los internos trasladados a otras dependencias. Posteriormente, el TSJ y el Tribunal Supremo reprendieron a Igualdad por actuar al margen del procedimiento administrativo. Es decir, que la orden de Oltra carecía de cobertura legal. Todos los pronunciamientos judiciales han sido favorables a las religiosas. La conselleria puede enfrentarse ahora a una reclamación de la orden religiosa por todo el dinero que han dejado de recibir tras no poder presentarse a los sucesivos concursos. El importe puede ser millonario.

En aquel caso, el de Segorbe, un profesor fue señalado por la entonces vicepresidenta como autor de los abusos sexuales. Meses más tarde, la justicia le absolvió ante la falta de pruebas. Pero el daño para este educador ya estaba hecho. El docente sigue a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) resuelva la demanda que planteó para tratar de recibir una indemnización por el escarnio público y la pérdida de su ocupación. Ya no ha podido trabajar más en la misma actividad. «Me acusó de lo peor que se le puede acusar a una persona. Me condenó a vivir en el infierno», lamentó hace unos meses. El tiempo ha terminado dándole la razón: «El monstruo no era yo, era su marido. Él ha sido condenado dos veces y yo absuelto de todos los cargos», resumió.