Fuerte malestar en el consejo rector de À Punt con la gestión de Empar Marco

Al consejo rector de À Punt, el máximo órgano de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación y el responsable del cumplimiento de los objetivos generales de À Punt, así como de su buena administración, se le empieza a acabar la paciencia con la directora general de la televisión pública, Empar Marco. Ayer, en el transcurso de la reunión mantenida por la comisión mixta de seguimiento del contrato-programa suscrito por la Generalitat y la televisión pública, miembros de ese órgano admitieron el «fracaso» de muchos de los objetivos trazados por Marco para el desarrollo de su gestión al frente del ente. Unas críticas que también fueron compartidas por los representantes de la administración autonómica.

En el encuentro, que sirvió para dar luz verde a la constitución de esa comisión que evaluará si la gestión del ente se corresponde con lo trazado en el contrato-programa -incluye aspectos relativos a la audiencia o a los ingresos publicitarios, entre otros-, se puso de manifiesto la escasa relevancia que la televisión pública ha adquirido pese a llevar un año desde el arranque de sus emisiones en periodo de pruebas. Falta de visibilidad en cuanto a sus contenidos informativos y también en cuanto a relevancia en las redes sociales. «Su influencia informativa ha fracasado», se señaló.

No sólo eso. Los datos sobre índices de audiencia de À Punt, con medias mensuales que habitualmente no superan el 2% están lejos del compromiso establecido en ese contrato programa y que señala que «en el primer año, consideramos como objetivo, en la generación de audiencias, la media aritmética de las cuotas de las cadenas autonómicas de reciente creación, ponderada por sus respectivos presupuestos por habitante». Salvo en algunos momentos puntuales, en los que À Punt logra picos de audiencia destacables -jaleados en redes sociales por muchos de sus responsables-, la media suele obtener unos datos que se alejan mucho de ese mínimo exigido.

El contrato programa también hace referencia a los mínimos exigibles en cuanto a ingresos publicitarios de la cadena. La emisión regular de la televisión autonómica arrancó el 10 de junio del año pasado -aún no se ha cumplido un año natural-, pero las cuentas de 2018 recogían una cifra de negocio de 800.000 euros, pese a que el contrato programa fija el objetivo para ese ejercicio en cuatro millones de euros.

Durante la reunión celebrada ayer se puso sobre la mesa esos factores que están poniendo de manifiesto que los objetivos marcados para el equipo directivo de À Punt están lejos de cumplirse. Y es el consejo rector el encargado de velar por su cumplimiento, porque es este órgano, y no la directora general de la televisión, la que asume por ley la máxima responsabilidad en la gestión del ente.

De hecho, tanto Generalitat como consejo rector vinieron a asumir ayer que, transcurrido un año desde el inicio de emisiones en pruebas y desde la firma del contrato-programa, es momento más que suficiente para comprobar cuál ha sido el grado real de cumplimiento de cada uno de los parámetros fijados por ley para la televisión pública. Datos que hasta ahora la dirección general del ente no ha aportado y que se suman a esa falta de influencia informativa y al hecho de no haber logrado convertirse en el medio de referencia informativa de los valencianos.

Desde la dirección general de À Punt se viene reivindicando desde hace meses la necesidad de aumentar el presupuesto de la televisión pública. La reclamación, sin embargo, choca no sólo con el contrato-programa sino con el análisis que hace referencia a que el ente dirigido por Marco cuenta con una plantilla muy superior a la de otros medios de comunicación y sin embargo -tal y como se constató ayer desde el propio consejo rector- dispone de una visibilidad muy inferior a estos.

Tras la reunión celebrada ayer, tanto Generalitat como consejo rector de À Punt decidieron programar un nuevo encuentro, para dentro de dos semanas, en el que abordar con datos cuantitativos y cualitativos la evaluación real de la gestión llevada a cabo por la directora general. Desde el PP valenciano se ha venido remarcando que, pese a lo reciente de su arranque, la situación financiera de la sociedad ya presenta unos síntomas preocupantes.