El PP fuerza al Gobierno a aclarar si el cártel de las productoras puede contratar con la administración

La iniciativa de los populares llega tras la negativa del Ejecutivo central a tramitar la solicitud de documentación relativa a este caso. Tal y como ha venido informando este diario, el Ejecutivo central lleva varias semanas rechazando todas las solicitudes de documentación que le llegan desde Les Corts –y al parecer de otros Parlamentos regionales- al entender que se trata de una labor de control sobre la acción del Gobierno que no le corresponde a los miembros de las Cámaras autonómicas, sino exclusivamente a las Cortes Generales.

La reacción a esa negativa es la presentación de un contencioso-administrativo. Y en paralelo, la solicitud de documentación desde el grupo popular en el Congreso de los Diputados, con el objetivo de salvar ese impedimento que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pone a que sea un Parlamento autonómico el que solicite la documentación.

La iniciativa de los populares es la respuesta a un procedimiento que lleva congelado desde hace ya más de un año. La comisión de defensa de la competencia de la conselleria de Economía acordó en noviembre de 2020 imponer una sanción de 43.000 euros a tres productoras de televisión, Comunicacions dels Ports, Canal Maestrat y Kriol Produccions por una «infracción muy grave» del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, constitutiva de cártel, por falseamiento de la competencia.

Una sanción polémica, no sólo por el motivo de la sanción –el intento de pactar precios en un concurso público convocado por À Punt- como por los propietarios de las productoras, Francis Puig, el hermano del presidente de la Generalitat Ximo Puig, y los Adell Bover, socios del primero en diversas actuaciones y concursos. Que la sanción la impusiera un departamento dependiente de una conselleria dirigida por Compromís también ayudó a acentuar la polémica en relación con esa sanción.

La resolución de la comisión de defensa de la competencia tenía una segunda parte. El propio escrito acordaba elevar informe a la JCCP, dependiente del Ministerio de Hacienda, para que esta decidiera si, a la vista de los hechos denunciados y la sanción impuesta, las citadas productoras debían ser amonestadas con la prohibición de seguir contratando con administraciones públicas.

El artículo 71.1 de la ley de contratos del sector público prevé la prohibición de contratar con la administración de aquellas empresas «sancionadas con carácter firme por infracción grave (...) de falseamiento de la competencia», y se emplazaba a este órgano a pronunciarse, tal y como indica al artículo 72 de la misma ley. En realidad, un sencillo trámite administrativo porque esa sanción se podría dar por segura.

Ha pasado casi año y medio desde la resolución del órgano autonómico y, que se sepa, la Junta Central de Contratación Pública no se ha pronunciado respecto a si las empresas sancionadas pueden o no seguir optando a concursos públicos. A finales del año pasado el órgano dependiente del ministerio de Hacienda alegaba que aún no se había pronunciado porque no tenía «información de la situación de los recursos contencioso-administrativos planteados« por las empresas sancionadas.

Dicha información, proseguía, «obra en poder de la comisión de defensa de la competencia (CDC), en cuanto que es el organismo que impuso la sanción». La Secretaría de la Junta de Contratación no ha iniciado el procedimiento de prohibición de contratar «en espera de la comunicación por la CDC de la firmeza de las correspondientes sanciones impuestas que son la causa de la tramitación de este procedimiento».

Este diario ha venido informando de las subvenciones públicas a las que las mencionadas empresas vinculadas a Francis Puis y los Adell Bover han seguido teniendo acceso. Las últimas, el pasado mes de febrero, por parte de la conselleria de Educación que dirige Vicent Marzà y que superan los 200.000 euros.