El fugado de la macroestafa bancaria de 30 millones se queda sin tres propiedades de lujo

La investigación, adelantada por LAS PROVINCIAS, ha experimentado avances significativos durante los últimos meses. Por un lado, después del verano se materializó la orden de busca y captura sobre uno de los investigados. Fue trasladado a Valencia y, de inmediato, ingresó en la cárcel de Picassent.

Las diligencias han permitido definir el papel de este hombre como mero colaborador del cabecilla. De hecho, ha mostrado su colaboración con la Justicia. Esto ha permitido conocer los movimientos de las cantidades distraídas hacia otras cuentas. Pero, de momento, no se ha recuperado ni un euro. Esta tarea se antoja un reto complicado.

Por el momento, el juzgado ha autorizado la administración judicial de tres exclusivos inmuebles. Dos de ellos son propiedades ubicadas en la ciudad de Valencia, mientras un tercero se ubica en una conocida localidad turística de La Marina. Son activos que tendrían un valor aproximado de cuatro millones de euros. Una de las vías para obtener recursos inmediatos podría ser el alquiler, cantidad que en el caso de una condena iría a parar a las entidades bancarias.

Esa parece ahora la vía más sencilla para recuperar parte de lo defraudado. El cabecilla se mantiene en Colombia desde que estalló el caso. Al parecer, se encuentra localizado. Pero las autoridades del país suramericano no han materializado la orden de detención internacional que pesa sobre el sospechoso. No obstante, no es ajeno al devenir del procedimiento. Dispone de un letrado que le representa en la causa que se sigue en el juzgado de Valencia.

Una de las posibilidades es cerrar en unos meses la investigación y abrir juicio contra, de momento, el único investigado. Una sentencia condenatoria y la posterior firmeza del fallo posibilitaría, por ejemplo, que los bancos afectados se quedaran la propiedad de los inmuebles. En cualquier caso, esto sería una cantidad mínima de los más de 30 millones desviados.

El método defraudatorio resultaba complejo. El cabecilla logró diferentes líneas de financiación con las respectivas entidades. Para ello, se presentaba como el dueño de una empresa relacionada con servicios de 'big data', Inteligencia Artificial y, en definitiva, trabajos relacionados con la sociedad de la información.

Sus clientes eran primeros espadas. Empresas extranjeras dedicadas a diferentes actividades y sectores, pero casi siempre líderes en su negocio, con una facturación y plantilla a prueba de crisis. Por ejemplo, una de las firmas cuenta con 7.000 empleados.

Estos -supuestos- clientes les permitían trasladar a los bancos una imagen de solvencia y confianza. Esto es lo que utilizaban cuando acudían a las sucursales valencianas. Allí, esa circunstancia, entre otras, les garantizaba las citadas líneas de financiación. Un dinero que quedaba a su disposición durante un tiempo y que luego debían devolver con intereses. Así lo hicieron sin problemas durante meses. Para los bancos también suponía una interesante oportunidad de negocio, con un empresario supuestamente solvente del que obtenían un alta rentabilidad.

Al principio, para asentar esa relación de confianza cumplieron con los compromisos. Todos los pagos se efectuaban, sin embargo, desde una cuenta opaca, una pasarela de pago que no permitía identificar a quién se encontraba detrás. Finalmente, cuando acumularon un importante capital, desaparecieron. Fueron desenmascarados muy tarde.