Otra funcionaria denuncia ante Les Corts el mal ambiente en Antifraude

El pasado viernes, una funcionaria de la Agencia Valenciana Antifraude (AVF) presentó un escrito ante Les Corts como delegada de personal de CCOO. El documento constata la situación de tensión entre la Agencia y los sindicatos, especialmente después de que a dos funcionarias se les abriese expediente disciplinario acusándolas de romper con la confidencialidad de la actividad de la oficina que dirige Llinares. Esos expedientes derivaron, en un caso, en el intento de apartarla del puesto de trabajo.

La medida disciplinaria fue recurrida ante el TSJ, que tumbó la resolución firmada por Llinares y admitió una denuncia por vulneración de derechos fundamentales. En el otro caso, la funcionaria, de baja por maternidad, relató el modo en que se le había tratado desde Antifraude. «La medida planteada de suspensión provisional de funciones no solo carece de toda motivación y sentido, sino que tal planteamiento evidencia una conducta persecutoria, intimidatoria y represaliadora en relación con el ejercicio de mis labores sindicales en la Agencia, generando una desprotección en la persona de esta funcionaria y un estado de indefensión en la misma digno del más absoluto reproche», señala la funcionaria, delegada de UGT, en su escrito de hace un mes.

Ahora, otra funcionaria, vinculada con CCOO afirma que, «debido a todo lo acontecido y a la situación que he vivido en el departamento al que estoy adscrita (Dirección Adjunta y de Asuntos Jurídicos) de cuya dirección dependo jerárquicamente, me he visto obligada a realizar un requerimiento judicial previo para la solicitud de documentación, que ya me ha sido facilitada. Dicho requerimiento tuvo entrada en la Agencia el pasado mes de mayo y del que, por lo que he podido saber, no han dado traslado a la parte social, ni al sindicato al que represento».

La empleada relata que solicitó «el cambio de dirección el pasado mes de julio vistos los daños ocasionados a mi salud, y sigo sin solución a dicho extremo. Las funcionarias expedientadas eran y son conocedoras de mi situación y obraron en cumplimiento de las obligaciones de sus cargos y funciones. En este momento no puedo dar más datos por estar en fase de estudio y elaboración. Lo que pongo en su conocimiento a los efectos oportunos».

El informe externo, además de señalar los dos supuestos casos de acoso sexual, reflejaba que en la encuesta interna a los empleados, la mitad de las funcionarias que contestan a la encuesta admiten su desconfianza sobre la capacidad de la Agencia para resolver conflictos vinculados, precisamente, con posibles acosos en Antifraude.

A pesar de contar con menos de medio centenar de empleados, todos funcionarios de alto nivel (la mayoría mujeres) y de ser una plantilla que inició su labor hace sólo cinco años, la Agencia Antifraude registra una intenso ajetreo interno. Las rotaciones son muy elevadas. Los puestos han registrado rotaciones equivalentes a dos tercios de los funcionarios empleados en la oficina. Aunque gran parte del personal accede a través de la libre designación o de concurso muy restringidos, la conflictividad es notable. Junto a un escrito conjunto de UGT y CCOO en relación a las funcionarias expedientadas, el pasado mes también se registró en Les Corts un documento firmado por los dos sindicatos mayoritarios donde también se insta a «la realización de una nueva evaluación de riesgos psicosociales».

En el escrito se recuerda que en 2022 ya se pactó la evaluación y que se insistió en ella en febrero. Una de las funcionarias de baja y expedientada, en su escrito a Les Corts, ya señaló que la petición de esa evaluación generó discrepancias a principios del presente año entre los delegados sindicales y la cúpula de la AVAF.