La funcionaria que negoció el mapa escolar trabaja ahora para el PSPV

Mireya Royo es un personaje clave en el caso del mapa escolar que ha terminado con la carrera política de María Oliver como asesora del vicepresidente Rubén Martínez Dalmau. Oliver, exedil de Podemos y excandidata a la Alcaldía de Valencia, 'fichó' a Hoyo cuando desembarcó en el Ayuntamiento de Valencia. Lo hizo a través de una comisión de servicio. Royo no tardó en escalar al puesto de jefa del servicio de Educación, un cargo de cierta responsabilidad en el Consistorio. Con anterioridad había sido profesora de música en Secundaria.

Hoy, tras las numerosas irregularidades que el juez de Instrucción 19 ha detallado en un auto por el que procesa a la exedil y al profesor universitario José Manuel Rodríguez, continúa en su puesto en el Ayuntamiento de Valencia. Lo llamativo es que ahora trabaja a las órdenes de la concejal de Educación, Maite Ibáñez (PSPV). Fuentes de la concejalía no quisieron ayer pronunciarse acerca del futuro de esta responsable y si todavía mantienen la confianza en la jefa de servicio, señalada por el auto judicial. Royo no ha sido investigada en el procedimiento judicial. Declaró como testigo durante la instrucción, pero el juez, en la resolución que cierra el caso, apunta que fue ella la que inició la negociación "con contactos directos" con el profesor de la Universitat de València. Se da la circunstancia de que Royo, al igual que Oliver y el docente, también tenía inquietudes políticas e incluso participó en unas primarias de la formación morada.

La responsable admitió que el mapa escolar lo debía hacer el Consejo Escolar, pero al no tener medios comenzó a hacer "averiguaciones" de cómo se podía elaborar ese estudio. Finalmente, en el Foro Luis Vives comentando esta situación, el docente de la Universitat, José Manuel Rodríguez, le propuso la idea del convenio, según declaró Royo. Fruto de esas conversaciones, la jefa de servicio redactó incluso un borrador del futuro acuerdo. Todo esto con conocimiento de la entonces concejal Oliver. El juez subraya en su auto cómo "se aprecia una cierta premura en convenir" y recuerda los dos informes desfavorables del servicio presupuestario y de la Intervención al margen de las deficiencias en la justificación de los gastos.