Los funcionarios del caso del ex de Oltra contratan abogados en lugar de los de la Generalitat

Así, los funcionarios se han buscado despachos particulares que deben costear de su propio bolsillo. La decisión de los empleados tampoco resulta excepcional. Tendrían derecho a la asistencia jurídica gratuita porque su implicación en este asunto se debe a acciones o inacciones desarrolladas o asumidas en el ejercicio de su cargo. Pero son muchos quienes en esta situación, en la que se juegan su futuro, buscan a un profesional de su máxima confianza aparte de que la Abogacía de la Generalitat no está especializada en Penal.

Esto supone un coste económico para los cargos de Igualdad. No obstante, más adelante, una vez el caso quede archivado o tras un juicio con un pronunciamiento favorable, los afectados pueden reclamar a la Generalitat o a su corporación local el reintegro de las cantidades. Esto ha ocurrido, por ejemplo, con buena parte de los concejales del Ayuntamiento ante las denuncias del asesor del PP, Luis Salom.

Tras el sobreseimiento de las actuaciones, los ediles han pedido al Consistorio que les devuelva el dinero invertido en su defensa. Y lo han conseguido. Algo similar ocurrió con alguna investigada en las piezas de Gürtel o más recientemente con Marisa Gracia, exgerente de FGV, absuelta del accidente de metro y de otras investigaciones por su gestión. Los tribunales le han dado la razón, pero la Generalitat ha recurrido.

La investigación sobre la gestión del caso de abusos permanece todavía en fase embrionaria. Tras la declaración de los primeros investigados, el juez decidió imputar a otros cinco responsables de la conselleria, por primera vez un alto cargo de Oltra, Rosa Molero. La representación de la directora territorial Carmen Fenollosa considera que la actuación de su representada ha quedado aclarada tras su comparecencia y procede el archivo. Sostiene que con toda la documentación aportada a la causa –cientos de folios de documentación que entregó motu proprio para exculpar a la conselleria– su correcta actuación ha sido acreditada.

De momento, la acusación particular ha adelantado que se opone al archivo de la investigación para Fenollosa. Es más, adelantan que tienen previsto solicitar diligencias para averiguar quién dio la orden de que la menor fuera esposada al juicio cuando ella era la víctima, una actuación que supuso el quebrantamiento de los protocolos policiales.

Esto generó un evidente malestar y preocupación en la propia presidenta del tribunal del primer juicio que ordenó la retirada de los grilletes y trasladó lo que había sucedido a la propia Sala de Gobierno del TSJ que pidió un informe a la Conselleria de Justicia.