Funcionarios públicos en peligro de extinción

La figura del empleado público en tiempos de ley de estabilidad presupuestaria está en peligro de extinción. Primero, porque la famosa tasa de reposición (el número de funcionarios que ingresan en la Administración dividido por el número de funcionarios que salen de ella por jubilación) lleva años mermando las plantilla de una Generalitat envejecida. Pero sobre todo, porque las previsiones no son muy halagüeñas en cuanto al futuro del empleo público.

Si ninguna varita mágica lo remedia, en justo dos décadas se habrán jubilado el 75% de todos los empleados y empleadas públicos de la Administración valenciana, según dejaba claro el último Plan Estratégico de recursos humanos de la Generalitat. Pero no hace falta esperar a dentro de 20 años para que salten las alarmas. A junio de 2019, más del 60% de la plantilla pública había superado ya los 50 años y más del 13% estaba por encima de los 60, según datos de la Conselleria de Justicia. Apenas 58 personas tenían menos de 30 años entre los funcionarios.

Sólo en esta legislatura que acaba de comenzar, pasarán a estar retiradas 2.186 personas, mientras que en los siguientes cuatro años, se jubilarán casi 3.000 más. Una pérdida de 5.182 trabajadores en sólo ocho años.

Las cifras no son muy halagüeñas si las cruzamos por grupos, ya que de los que se jubilarán en estos próximos años, más de 1.600 lo serán del subgrupo A1, el de mayor titulación. Este año, con la formación del nuevo Consell del Botánico, se perderán 66 puestos de titulados superiores. Aunque la cifra empieza a ser preocupante a partir de 2022, cuando se superará el centenar de jubilaciones al año. De los más de 800 que se retirarán en la próxima década, un 41% lo son del cuerpo superior técnico de Administración General. Para este colectivo, la temida tasa de reposición quedó fijada en los últimos presupuestos en un 75%. Es decir, no se reponen todas las plazas que se quedan vacantes.Un problema para el funcionamiento diario de un Gobierno que gestiona más de 22.000 millones de presupuesto.

Además de todo esto, el Botánico tiene ante sí un problema para conformar las unidades administrativas de primer nivel: las subdirecciones y jefaturas de servicio, el más alto nivel funcionarial. En la anterior legislatura, con mucho menor número de altos cargos y áreas, los consellers necesitaron de 598 empleados públicos de alto nivel sólo para cubrir los de libre designación que se habilitaron (hay alrededor de 4.500 funcionario A1 y A2). 111 subdirectores generales, diez secretarios generales administrativos y 477 jefes de servicio. Ahora, con la nueva macrorestructura las necesidades se dispararán.

La Conselleria de Justicia podrá contar con 4.500 nuevas plazas con la ejecución de las ofertas de empleo público de 2017, 2018 y 2019, pero para evitar males mayores, deberá combinar la oferta y favorecer la cualificación.