El futuro laboral incierto de 200 cargos del Consell

Cuatro años como cargo público en la administración autonómica, dedicados a prestar lo mejor posible un servicio que se pretende en beneficio de los ciudadanos, y el epílogo no puede ser más complicado. Cerca de 200 altos cargos de la Generalitat se verán afectados cuando acabe la legislatura, y según cuál sea el resultado en las elecciones del próximo 26 de mayo, por la Ley de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de Personas con Cargos Públicos no Electos aprobada por Les Corts a finales de 2016. Por primera vez -dado que la norma se aprobó esta legislatura-, consellers, secretarios autonómicos, directores generales, subsecretarios, gerentes y demás cargos de confianza tendrán que condicionar su reincorporación a la actividad privada, que será masivo en caso de cambio de Gobierno, al régimen de incompatibilidades previsto en la legislación.

No es una anécdota, y un buen número de altos cargos ya expresan en privado su desazón por el tortuoso camino al que pueden enfrentarse si les toca abandonar el puesto de responsable público. Porque no es únicamente que la citada norma delimite las condiciones en las que los altos cargos podrán incorporarse a una actividad profesional. También se fijan las obligaciones, en forma de declaración de bienes y tributarias, que habrá que seguir entregando a la Administración.

Todo ese encaje de bolillos se suma a que el contenido de la Ley Electoral Valenciana (LEV) también les dificulta la posibilidad de dirigir su horizonte hacia un escaño en Les Corts. Ser alto cargo figura en el texto como una de las razones de inelegibilidad para formar parte de una candidatura.

De manera que para los altos cargos el regreso a la actividad privada o a la vida anónima supone abandonar las comodidades del despacho público o del coche oficial -quienes dispusieran de él- para darse un baño de realidad ante las trabas que les pone la Administración para la que han trabajado.

¿Cuáles son esos impedimentos? La Ley establece en su artículo 5 las incompatibilidades «después del cese en el cargo». Durante los tres años siguientes a la fecha de salida -los miembros del Consell y las personas que ejerzan el cargo de la secretaría autonómica- y durante los dos años siguientes el resto de personas afectadas -desde directores generales hasta el personal directivo de los entes del sector público- «no podrán formar parte de órganos colegiados en empresas o sociedades privadas relacionadas con las competencias del cargo ocupado en el ámbito competencial de la Generalitat si genera un conflicto de intereses».

Tampoco podrán «prestar servicios, ni ejercer cualquier otro cargo ni papel mediador en entidades privadas, remunerado o no, que pudiera provocar un conflicto de intereses con la función ejercida», ni suscribir, por sí mismas o a través de sociedades o empresas participadas por ellas directamente o indirectamente (...) «contratos de asistencia técnica, de servicios o semejantes con la administración o entidad pública de la que provenga».

La ley habla de conflicto de intereses. Y concreta los casos: existe ese choque cuando la persona afectada directamente, sus superiores jerárquicamente o los titulares de sus órganos dependientes «hayan dictado resoluciones o cualquier tipo de acuerdo o propuesta en relación a estas entidades, excepto cuando se derive de una convocatoria pública o de un acto reglado». También cuando el extrabajador de la Administración «intervenga o participe en algún acuerdo o resolución en relación con estas entidades, excepto cuando se derive de una convocatoria pública o de un acto reglado».

La referencia a la convocatoria pública o al acto reglado es considerada desde algunos ámbitos como una salvaguarda que hace alusión a que si la actuación pública se ha hecho 'siguiendo los criterios que establece la ley', y por lo tanto no de forma discrecional, la incompatibilidad decae.

Con todo, la norma establece un abanico de opciones que, en la práctica, viene a limitar a los altos cargos su eventual reincorporación a la actividad privada en ámbitos con los que hayan mantenido cierta vinculación desde el puesto ocupado en la Administración. A diferencia de éstas, quienes se reincorporen a una actividad privada ya ejercida de forma previa, pueden hacerlo siempre y cuando no incurran en los supuestos considerados como conflicto de intereses.

No son las únicas condiciones. La norma valenciana para evitar las puertas giratorias, la forma coloquial con la que alude a esa circulación entre el ámbito público y el privado en la que se obtiene un beneficio por el puesto ocupado de forma previa, también prevé que los altos cargos después de su cese y durante un período de tres años efectúen ante un Registro de Control de Conflicto de Intereses «declaración detallada sobre todas las actividades que realicen, sus bienes y su patrimonio».

El reglamento de la ley desarrolla con mayor detalle esas obligaciones. Establece que en el plazo de dos meses desde los efectos del cese y, en cualquier caso antes de iniciar la actividad, se deberá presentar la declaración de actividades que contendrá información detallada respecto al nuevo puesto de trabajo. Si es una actividad privada, habrá que aclarar si es por cuenta propia o ajena, si la empresa está relacionada directamente con las competencias del cargo público ocupado o si se trata de una reincorporación a una firma.

En el plazo de dos meses desde la fecha de efectos del cese, las personas con cargos públicos deben presentar declaración de bienes, derechos y obligaciones patrimoniales con la información actualizada al momento de su presentación. ¿Y qué debe contener? El reglamento de la ley distingue hasta 15 apartados distintos que van desde los más previsibles -bienes inmuebles de naturaleza urbana y rústica, los depósitos en cuentas corrientes o de ahorro, a la vista o a plazo o los planes de pensiones- hasta los más singulares, como joyas, pieles de carácter suntuario, objetos de arte, antigüedades, vehículos, embarcaciones y aeronaves, así como cualquier otra clase de bien por un valor de adquisición unitario superior a 3.000 euros. La aplicación rigurosa de la norma obliga, por tanto, a revelar a la administración autonómica cualquier compra que un exalto cargo pudiera a hacer y que supere los 3.000 euros durante los tres años posteriores a abandonar el cargo.

Como la información debe de aportarse de forma actualizada, cualquier modificación en el espacio de tres años de alguno de estos bienes debería declararse ante la Oficina de Control de Conflictos de Intereses. No sólo eso. También cualquier modificación de sus actividades, con el objeto de que la mencionada Oficina emita «resolución de compatibilidad de la actividad que se pretenda realizar». Asimismo, los exaltos cargos deberán presentar anualmente ante el registro copia simple de las declaraciones tributarias -IRPF, Impuesto de Patrimonio y el de Sociedades- en el plazo máximo de tres meses desde la finalización del plazo para su presentación ante la Administración Tributaria.

La Oficina de Control de Conflictos de Intereses (OCCI) que dirige Javier Ortega asumirá un papel fundamental en la gestión de la información facilitada por los altos cargos tras su abandono. Entre otras razones, porque se encarga de realizar un informe, que será público, sobre situaciones de compatibilidad e incompatibilidad o incidencias. También ejerce la labor inspectora en caso de que la Oficina tenga conocimiento de cualquier indicio de irregularidad en esta materia, petición razonada de otros órganos o entidades o a iniciativa propia. De igual modo propondrá la incoación e instruir expedientes sancionadores por las infracciones cometidas.

El régimen sancionador del que dispone la Oficina no es menor. Las infracciones muy graves serán castigadas con la publicación en el DOGV del nombre de los infractores. Y además con el reintegro de las cantidades percibidas indebidamente, el cese inmediato en el cargo para aquel que lo siga ejerciendo, la pérdida del derecho a percibir indemnización por haber ejercido el cargo y hasta la prohibición de volver a ser nombrado alto cargo no electo durante un período que puede alcanzar una década.

El presidente de la Generalitat, los miembros del Consell, secretarios autonómicos, subsecretarios, directores generales y órganos o centros directivos cuyo nombramiento competa al Consell.

Directivos de los entes del sector público instrumental, en particular:

-Presidentes, directores generales, gerentes y titulares de otros puestos de trabajo o cargos asimilados en organismos autónomos o entidades de derecho público.

-Presidentes, consejeros delegados de sociedades mercantiles nombrados por el Consell o por los órganos de gobierno de aquellas sociedades.

-Directores generales, gerentes o puestos asimilados de fundaciones del sector público.

También se ven afectados cargos directivos y funciones ejecutivas asimilables en los consorcios.

Todos los puestos de libre designación nombrados directamente por acuerdo del Consell.

Comisionados para representar los intereses públicos en los ámbitos de gestión privada existentes.

Personas que hayan suscrito un contrato laboral especial de alta dirección.

Titulares de cualquier otro puesto, sea cual sea su denominación, cuyo nombramiento efectúe el Consell.