BURGUERA
Miércoles, 1 de julio 2020, 00:38
valenciA. El Consejo de la FVMP se reunió ayer y aprobó asumir los impagos de Cical, la fundación ideada por José Manuel Orengo, el que fuera número tres del PSPV, posteriormente asesor de Presidencia del socialista Ximo Puig y actualmente en la naviera Baleària, del también socialista Adolfo Utor. La decisión se tomó con los votos a favor de los representantes en el consejo de PSPV y Compromís. Ciudadanos y EU se ausentaron y el PP votó en contra. De esta manera se pretende dar carpetazo a los impagos.
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El gerente de Divalterra, la empresa pública de la Diputación de Valencia heredera de la vieja Imelsa, propuso en abril dar de baja las dos facturas -de 40.000 y 26.958 euros respectivamente- que la firma mantiene sin pagar a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias como consecuencia del acuerdo alcanzado entre las dos instituciones para la puesta en marcha de la fundación. El acuerdo entre Divalterra y la FVMP, suscrito en la etapa de Jorge Rodríguez como presidente de la corporación provincial, tiene abierta una investigación por parte de la Agencia Antifraude, ante las dudas que suscitan las decisiones adoptadas y los trabajos realizados.
El escrito de conclusiones de la Agencia Antifraude ratifica que el acuerdo entre las dos entidades fue en realidad una subvención de la firma provincial a la FVMP, sin que la primera tuviera capacidad para tomar una decisión de este tipo; hubo plagios de otros trabajos para justificar el dinero cobrado; y los gastos de personal no se justificaron de forma suficiente.
Cical es el acrónimo de Centro de Investigación para el Conocimiento de la Administración Local. Orengo, que en 2016 logró que Divalterra y la FVMP suscribieran un acuerdo para poner en marcha esa fundación. Un proyecto con el que se pretendía aportar conocimiento práctico a la política municipal y que llegó a contar con el apoyo del Palau y las principales universidades. No obstante, las dudas sobre sus fuentes de financiación terminaron arruinando la idea. Ruina en diferido, porque ahora ha sido la propia FVMP la que ha asumido el coste: 67.000 euros. La federación no la reclamará a Divalterra.
En el acuerdo aprobado ayer se asume el pago de esas facturas. Sin embargo, se rechazan las sospechas de Antifraude sobre las irregularidades respecto a la actividad de Cical. El consejo de la FVMP avala la idoneidad de la fundación ideada por Orengo, si bien considera que, «en ocasiones, los momentos no son los adecuados. Y en esta propuesta nos encontramos que, muy posiblemente, el problema realmente resida en el entendimiento de lo que significa un adelanto en la mejora de los servicios a prestar a las entidades locales». Así interpreta el consejo todo el procedimiento que fulminó la fundación y que acabó con la tramitación para su financiación en la Agencia Antifraude, que tampoco parece haber entendido lo que pasaba en Cical. La FVMP quiere cerrar el expediente y pasar página. Aquí no ha pasado nada. El consejo descarta que se deriven responsabilidades, rechaza que se produjesen errores e irregularidades, no adoptará medidas extraordinarias o disciplinarias, y da carpetazo al asunto. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Gandia y miembro del grupo popular en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Víctor Soler, ha anunciado que su partido ha encargado un informe jurídico sobre la resolución realizada por la Agencia Antifraude sobre Cical, «para determinar si pudieran derivarse algún tipo de responsabilidad».
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