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F. M.
Martes, 24 de octubre 2017, 20:26
«Hay situaciones que son insostenibles y cuando lo son, no se pueden sostener». La sentencia es de Mónica Oltra, tan lejos como el pasado viernes, al ser preguntada por la situación política del alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri. El horizonte judicial del primer edil socialista, investigado por un presunto fraccionamiento de contratos y que responde ante la fiscalía esta semana por otro presunto delito de prevaricación, no parece dejar espacio a muchas más decisiones que la de la dimisión. Echávarri se niega por ahora a abandonar el cargo, pese a que sus socios de gobierno, Compromís y Guanyar Alacant -la marca blanca de Podemos- le exigen públicamente que se marche como condición inexcusable para mantener el pacto tripartito en esa ciudad.
¿Qué pasa en Alicante? Un vistazo al calendario judicial de esta semana revela conclusiones importantes. Excepto este martes, el resto de días de la semana está marcado en rojo por declaraciones en causas judiciales que afectan al equipo de gobierno de esa ciudad: lunes y jueves declaran ante el juzgado de instrucción número 9 de esa ciudad técnicos de la concejalía de Comercio y representantes de las empresas proveedoras, en relación con el supuesto troceo de facturas, por valor de 190.000 euros, por el que se investiga a Echávarri.
El propio alcalde tiene una cita en el juzgado este miércoles. El ministerio público le interrogará por el despido de la cuñada del portavoz del PP, Luis Barcala, sólo unas jornadas después de que el propio concejal popular denunciara al alcalde por el caso del fraccionamiento de contratos.
¿Y el viernes? El día 27 de octubre será el turno de la concejala de Deportes, Turismo y Playas, Eva Montesinos. La edil socialista está investigada por un presunto caso de acoso laboral hacia una trabajadora de Deportes. El escenario de 'Alicante, ciudad imputada', lo completa una acusación en ciernes, la que afecta a la concejal de Guanyar Julia Angulo, a la que un órgano judicial de su país natal, Ecuador, investiga por presunto delito económico, según ha detallado Información.
Si a este puzle se le suma otra concejal de Guanyar, Marisol Moreno, condenada a principios de 2016 por un delito de injurias a la Corona después de escribir en su blog un artículo titulado 'Borbones asesinos' y calificar a la familia real de «familia de vagos, estafadores, borrachos y asesinos», el panorama que ofrece el consistorio alicantino resulta demoledor.
Condenada por injurias a la corona
Investigada por presunto acoso laboral
investigada en ecuador por delito económico
Pero la clave de la inestabilidad afecta a Echávarri. El dirigente socialista ha protagonizado una gestión durante esta primera parte de la legislatura salpicada de encontronazos con sus socios -Compromís y Guanyar- y con escasos logros que llevarse a la boca. El alcalde sacó pecho a principios de mes del traslado de la sede social del Sabadell a la ciudad. Echávarri achacó la decisión a que «la buena imagen» de esta ciudad «ya ha calado» y se percibe como un «sitio atractivo» para «hacer negocios».
El análisis parece más voluntarista que real. Pullmantur y Costa Cruceros, dos de las principales compañías navieras, han anunciado en las últimas fechas su decisión de abandonar la capital. La salida el domingo de la edición 2017-2018 de la Volvo Ocean Race reunió a unos 100.000 visitantes en Alicante. Entre las presencias destacadas, las del propio alcalde, investigado, y la de la concejal de Deportes, en su misma situación judicial.
Pero los dos grandes 'debe' en el balance de la gestión de Echávarri guardan mucha relación con la gestión financiera. Con el debate sobre los horarios comerciales, por un lado, y con el fallido aterrizaje de Ikea en la ciudad, por el otro. El alcalde socialista ha protagonizado sonoros enfrentamientos con los responsables de la conselleria de Economía, hasta el punto incluso de llegar a agitar la bandera del alicantinismo para marcar distancias con la posición del Ejecutivo autonómico. «En materia comercial vamos a decidir los alicantinos. No vamos a permitir que, desde Valencia se nos dirija o se nos tutele en materia comercial», llegó a proclamar en pleno fragor de la batalla.
El desencuentro con el Gobierno valenciano, a la espera ahora de la resolución de los recursos presentados -entre otros por el propio consistorio- contra la restricción de la libertad horaria aprobada por el Consell para verano, le ha generado un problema adicional a Ximo Puig, que ha evitado manifestarse de forma concluyente sobre este debate para no decantarse entre el titular de Economía de su Gobierno y el alcalde de la capital valenciana más importante de las gobernadas por el PSPV.
La instalación de Ikea en Alicante es otro de los fracasos atribuibles a la gestión del tripartito alicantino. Una «batalla perdida» como la ha definido la portavoz de Ciudadanos Yaneth Giraldo, que ha provocado que se esfumen «cientos de puestos de trabajo».
Ximo Puig trata de resolver el frente que tiene abierto en el Ayuntamiento de Alicante, y que puede llevarse por delante al alcalde de la ciudad más importante de las gobernadas por el PSPV. Para buscar una solución, el líder de los socialistas valencianos ha nombrado a un emisario: el secretario de área de Relaciones Institucionales y Acción Territorial, Carlos Fernández Bielsa. El alcalde de Mislata mantiene ya contactos con Emili Mira, uno de los hombres fuertes de Mónica Oltra -que el viernes le abrió de par en par la puerta de salida al alcalde socialista- y miembro de la dirección nacional de la coalición. En su hoja de ruta, se asegura desde Blanquerías, no figura en ningún caso la salida de Echávarri de la alcaldía -Puig se pronunció el viernes en términos parecidos-, con la única excepción del caso de que existiera un auto de procesamiento del alcalde, que le obligaría a renunciar al cargo público tal y como establece el código ético de los socialistas.
¿Y en el caso de que se produzca esa renuncia? El verdadero objetivo sobre el que trabajan los socialistas valencianos es el de no cometer la «torpeza» -en palabras de un dirigente de ese partido- que supondría llegar a entregarle la alcaldía al PP. Es decir, no poder renovar el apoyo de 15 ediles en la votación de un nuevo candidato a alcalde. Por lo tanto, el objetivo prioritario es mucho más convencer a Belmonte de que no rompa con el tripartito que el de convencer a Compromís y Guanyar que Echávarri debe seguir al frente de la alcaldía. Pese a que de puertas afuera del PSPV se considera «injusto que se exija que Echávarri se vaya», la realidad es que los socialistas se plantean todos los escenarios posibles para retener la alcaldía. Como el de que la eventual renuncia como alcalde no tuviera que ir acompañada, necesariamente, de su salida como concejal.
En todo caso, y en clave interna, que Puig haya confiado en Bielsa la resolución del frente abierto en el Ayuntamiento de Alicante alimenta y da cuerpo a la tesis extendida entre algunos cargos del partido de la creciente confianza del secretario general del PSPV en el alcalde de Mislata.
Los desencuentros entre Echávarri y sus socios de Compromís y Guanyar son cada vez más rotundos. La Asamblea Local de Compromís per Alacant ratificó el sábado una resolución de la Ejecutiva local que pedía al PSPV la dimisión de su socio y alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, como condición «absolutamente imprescindible» para que la coalición siga «participando y trabajando de un gobierno progresista y de cambio». Miguel Ángel Pavón (Guanyar Alacant) ha llegado a considerar un «clamor unánime» entre los socios de gobierno del PSPV pedir la dimisión de Echávarri.
Pero hay un problema añadido. Y no es menor. Los 15 concejales que convirtieron a Echávarri en alcalde son ahora... 14. Nerea Belmonte, edil por Guanyar Alacant, fue destituida por el alcalde y ahora milita en los no adscritos. La concejal ha dicho que si se propone un cambio de alcalde, no apoyará la candidatura de alguien investigado o que «tenga procedimientos abiertos en juicios». Y que el líder de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, tendrá que pedirle perdón por «el juicio sumarísimo» al que le sometió y «entonces le saldrán las sumas». ¿Y si no es así? El alcalde sería el de la lista más votada, que no es otra que la del PP.
Eso no ocurrirá. Pero provoca que la dimisión de Echávarri no sea urgente mientras Belmonte no confirme que dará su voto al nuevo aspirante.
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