Una vez más, como ya ocurriera en otros periodos de estos 16 meses de lucha contra la pandemia, el galimatías autonómico, con los diferentes TSJ, condicionan el plan de acción para frenar el virus. De tal forma que una misma medida, como el ... toque de queda, puede encontrar el amparo del alto tribunal o el rechazo al considerar los jueces que no se pueden limitar derechos fundamentales.
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Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la Comunitat y en Canarias. Los magistrados valencianos, cuya sede era el histórico edificio del Parterre, se han mostrado siempre proclives a las demandas del Gobierno del Puig. Así, tanto para limitar las reuniones como para prohibir salir a la calle en determinadas horas, han dado su visto bueno. Lo volvieron a hacer esta misma semana. Lo argumentan con arreglo a una ley de Medidas Especiales de Salud Pública de 1986. Son cuatro artículos, con escaso desarrollo y cuyo espíritu no responde a una situación como la que vivimos. Por ejemplo, habla de «medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población».
La decisión del TSJCV, que preside Pilar de la Oliva, llama más la atención cuando el propio Tribunal Constitucional ha declarado ilegal las medidas adoptadas durante el primer estado de alarma. Los magistrados consideran que se debió hacer con un estado de excepción, que es el que permite suspender derechos fundamentales, tal y como ocurrió en aquel confinamiento 'duro' de marzo de 2020. Por eso ahora, sin ni siquiera estado de alarma, todavía resulta más cuestionable este recorte de derechos fundamentales. Por ejemplo, esta tesis es la que acoge el TSJ de Canarias que ha rechazado imponer un toque de queda en Tenerife para frenar los contagios. En ambos casos, Valencia y Canarias, la Fiscalía informó favorablemente.
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Ahora son Cataluña la que quiere imponer un toque de queda en los lugares con una mayor tasa de contagios para reducir la movilidad y, por consiguiente, el avance del virus, y Cantabria, que también plantea imponer el toque de queda y limitar las reuniones. De nuevo, la decisión en manos del TSJ. Toda una incógnita.
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