Gaspar se harta de Divalterra y anuncia el cierre de la empresa

Divalterra comenzó a escribir ayer la que podría ser la última página de su historia. El presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, anunció ante la junta general el cierre de la firma de la corporación provincial, el más evidente foco de corrupción e irregularidades de la administración pública valenciana. «Ya basta», proclamó el máximo responsable de la corporación provincial, harto de que ni tan siquiera relevando a los representantes políticos de los órganos de dirección de la mercantil se haya logrado encontrar cierta estabilidad.

Gaspar anunció el cierre de Divalterra y la integración de sus más de 500 brigadistas -de una plantilla total de 700 trabajadores- en el consorcio provincial de bomberos. Se trata, explicó, de la solución que avala un informe con la firma del Secretario de la institución, el Interventor y el Oficial Mayor. Gaspar sigue exactamente el mismo camino que en su día intentó Jorge Rodríguez. Eso sí, el expresidente de la corporación se encontró entonces con la negativa del diputado de Medio Ambiente, Josep Bort, que alegó el rechazo de los bomberos a integrarse en un mismo cuerpo con los brigadistas. Ayer, Gaspar compareció en junta general arropado por la vicepresidenta primera, Maria Josep Amigó, de Compromís.

Gaspar se decanta finalmente por el consorcio provincial de bomberos tras descartar las otras dos opciones sobre la mesa: crear un organismo autónomo o una Entidad Pública Empresarial Local (EPEL). Lo hace después de que algunos de los sindicatos de bomberos le hayan dado el visto bueno a la propuesta y, por encima de todo, para lograr un control más estrecho sobre la actividad de la empresa provincial. Hace pocas semanas, el responsable del área jurídica, Jose Luis Vera, presentaba en un informe más de una docena de irregularidades en el concurso de selección del nuevo jefe de personal de la empresa. En el último consejo de administración, sin embargo, el mencionado informe -que proponía la anulación de todo el proceso- no lograba los votos necesarios para salir adelante, ni contando con el apoyo del presidente del consejo, el diputado socialista Ramiro Rivera.

Lo que supone el anuncio de ayer es el inicio del proceso de liquidación de la empresa. En primer lugar, una comisión elevará un dictamen al pleno de la corporación provincial que, a su vez, lo elevará a la junta general para su aprobación. El cierre de la empresa implica la destitución de todos los miembros del consejo de administración -cinco de los nueve acababan de ser nombrados- y la designación de liquidadores. La letra pequeña, además de que los trabajadores de la empresa que no son brigadistas se quedarían integrados en la corporación provincial, hace referencia al futuro del actual organigrama de Divalterra -incluida la propia jefa de personal recién elegida-. «La letra pequeña la iremos marcando de manera conjunta», dijo ayer el propio Gaspar.

La aprobación de la decisión requiere de mayoría simple en la junta general de la empresa. «Es la última oportunidad para ser parte de la solución, y no de la eternización del problema», proclamó el presidente de la corporación. En realidad, a los grupos el anuncio les pilló descolocados. El PP acababa de anunciar que llevaría al fiscal el proceso de selección de la jefatura de recursos humanos. «No va a tapar en ningún caso las presuntas irregularidades que se hayan podido cometer», dijo Mompó. Desde Cs, Rocío Gil pidió que el cierre respete los derechos de todos los trabajadores.