Gaspar fija para la próxima junta general el debate de la refundación de Divalterra

La junta general de Divalterra, la empresa pública de la Diputación de Valencia heredera de la vieja Imelsa, aprobó ayer nombrar nuevos miembros del consejo de administración de la entidad tras la renuncia las últimas semanas de cinco de sus nueve miembros. Los elegidos son dos altos funcionarios de la corporación provincial -José Luis Aragón y Pau Martínez-, así como un representante del PP, José Morgan, y otro de Cs, Ignacio Sánchez. El quinto elegido es el hasta ahora secretario general de la Delegación del Gobierno, Luis Felipe Martínez. Quedará por nombrar, todavía, un miembro en representación de Compromís, tras la renuncia de Emili Altur.

Con los nuevos nombramientos, y cuando la coalición nacionalista proponga a su representante, el consejo de administración de Divalterra pasará a estar compuesto por diez personas -junto a los citados, el diputado Ramiro Rivera, el secretario de la corporación provincial Vicente Boquera, el consejero delegado Pedro Domingo y Ruth López como representante de los trabajadores.

De esta manera, la presencia de técnicos en el órgano de dirección de la empresa provincial sigue superando a la de representantes políticos. Un cambio impulsado en su día por el presidente de la corporación, Toni Gaspar, y que algunas fuentes de la corporación barajaban que pudiera cambiar como consecuencia de las causas judiciales que salpican a la empresa -con Alquería como principal exponente-, y tras el último encontronazo interno, en el proceso de selección del nuevo responsable de Recursos Humanos.

Mantener una mayoría de técnicos permite a Divalterra insistir en la fórmula de buscar una dirección ajena al rifirrafe político. Una bronca que ayer se hizo patente en la junta general. El portavoz del PP, Vicente Mompó, y la de Cs, Rocío Gil, subrayaron en sus intervenciones las numerosas polémicas que afectan a la empresa. Mompó incidió en la situación de la nueva jefa de Recursos Humanos y en el informe con más de una docena de irregularidades elaborado por el jefe del área jurídica, José Luis Vera, y se preguntó por los motivos por los que no se ha acudido al juzgado. Gil se preguntó qué ocurre «cuando el presidente de Divalterra no es capaz de sacar adelante el informe de Cical ni el proceso de selección del jefe de RRHH».

Gaspar, por su parte, dijo ser el primer interesado en que «se haga la luz», y avanzó que «las decisiones del consejo se explicarán cuando se tomen y se valorarán en su momento» y pidió «el menor ruido posible por respeto a los trabajadores». De hecho, llegó a subrayar que será la próxima junta general la que aborde la refundación de la empresa.

Fuentes del palau de Batlia explicaron ayer que falta por perfilar alguno de los informes necesarios para dotar la decisión a adoptar -la previsible conversión de la sociedad anónima en un organismo autónomo- de las máximas garantías.