
La Generalitat cambia al instructor que analiza si se debe indemnizar a la víctima del ex de Oltra
La joven reclama 240.000 euros por la desprotección que sufrió cuando denunció la agresión sexual en un centro de protección
La Generalitat ha sustituido al instructor y a la secretaria del expediente administrativo que debe determinar si Teresa Tanco, la joven que fue abusada por ... el exmarido de Mónica Oltra en un centro de protección, merece una compensación económica por parte de la Administración. La víctima, que ahora es madre de dos hijos aunque viven con una familia acogedora por los problemas que arrastra para atenderlos, reclama 240.000 euros de indemnización.
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Este procedimiento avanzaba en paralelo a la condena al docente por los abusos y a la investigación a la cúpula de Igualdad por un supuesto encubrimiento de la denuncia que presentó la joven con el objetivo de proteger al exmarido de la vicepresidenta y eludir la responsabilidad de la Administración. Ahora, tras el archivo de esta investigación, una vez el sobreseimiento se considere firme, se reactivará la vía administrativa.
El pasado mes de diciembre, la directora territorial de Servicios Sociales comunicó el cese del instructor del expediente. Se desconocen los motivos de esta decisión, conocida recientemente. También, unos meses antes, había renunciado la secretaria. Ahora se han designado dos nuevos responsables para este cometido.
La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda es el departamento que asumió las políticas de Igualdad que estuvieron bajo el control de Oltra en la etapa del Botánico. La resolución es del pasado mes de diciembre, sin embargo, no ha sido comunicada hasta el momento a la representación legal de la joven.
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El derecho a indemnización se encuentra reconocido en la Constitución Española y en la ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Allí se establece que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
Esto último es precisamente lo que defiende la menor que ocurrió en su caso donde se vio desprotegida por parte de los servicios públicos -ella es tutelada por parte de la Generalitat- cuando sufrió los abusos. La investigación judicial, al margen de que no se aprecie delito, ha demostrado que nadie de la Administración creyó su versión que posteriormente sí validó la Audiencia de Valencia.
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En caso de que la respuesta de la Generalitat no satisfaga los intereses de los demandantes, se puede presentar en los tribunales un procedimiento Contencioso.
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