La Generalitat sigue dando contratos a los empresarios de la trama Gürtel

Año 2015. Una semana antes de las elecciones autonómicas, la candidata de Compromís a presidir la Generalitat, Mónica Oltra, clama: «No habrá paz para los corruptos». La frase la repitió innumerables veces durante aquel año electoral. Aún la utiliza. Paz quizá no hallen, pero adjudicaciones públicas sí han sido numerosas las obtenidas por la mayoría de los empresarios que el mes pasado reconocieron punto por punto el texto que habían pactado con la Fiscalía Anticorrupción y por el cual confesaron su participación en la trama Gürtel. El Consell pretende ser implacable con la corrupción, si bien centra sus críticas en los antiguos miembros del PP, partido que sigue siendo su principal rival político. En lo que respecta a otros participantes en la trama que se juzga en la Audiencia Nacional, el Gobierno valenciano se mantiene impasible.

Esa actitud impotente se contempla con suspicacia por parte de Podemos, firmante del Pacto del Botánico junto al PSPV y Compromís, los dos partidos que integran el Consell. Sin una sentencia que explícitamente impida la participación en concursos públicos, los confesos siguen optando a las adjudicaciones, para contrariedad de los podemistas.

El partido morado ha presentado una iniciativa en Les Corts en la que insta al Consell a investigar cuántos empresarios vinculados a la trama Gürtel contratan con la Generalitat y así buscar posibles irregularidades que permitan cancelarlos en caso de incumplimiento. Este periódico ha podido constatar que al menos media docena de firmas vinculadas a los empresarios han licitado obras o logrado adjudicaciones públicas por un valor que, al menos, alcanza los 90 millones de euros.

Enrique Ortiz, los hermanos Rafael y Tomás Martínez Berna, los hermanos Alejandro y Antonio Pons Dols, Vicente Cotino, Gabriel Alberto Batalla Reigada, José Francisco Bevia y Enrique Gimeno Escrig fueron respondiendo afirmativamente el pasado 16 de enero cuando Miriam Segura, de la Fiscalía Anticorrupción, les leía un abrasador escrito. Reconocen su culpa para rebajar su condena.

Hace ahora un año ya rubricaron un acuerdo con el ministerio público. También entonces, a principios de 2017, giraban facturas al Consell. Desde el inicio de la legislatura han presentado y cobrado cientos de facturas por las adjudicaciones de obras, principalmente en la Conselleria de Infraestructuras que dirige María José Salvador. Pero no sólo trabajan con la consellera socialista.

Según el Portal de Transparencia de la Generalitat, Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, el departamento que dirige Mónica Oltra, adjudicó el pasado 19 de julio el servicio de puesta a disposición de 170 plazas en centros residenciales para personas mayores en la Comunitat Valenciana. Importe: 8.392.524,09 euros. Adjudicatario: Savia, la firma históricamente ligada a la familia Cotino.

Segunda sesión del juicio que se celebra un martes del mes de enero en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. Uno a uno, los empresarios aseguran haber desembolsado distintas cantidades a Orange Market, propiedad de Correa, por servicios que la empresa nunca realizó. «¿Es así?», remata la representante del ministerio público cada retahíla de hechos presuntamente delictivos. «Sí, en lo que respecta a mí, sí», dice uno de ellos. Segura incidió en que los empresarios también se beneficiaron de contratos licitados por la Generalitat. Ahora, igual. Del juicio, en el peor de los casos, si finalmente se considera delito la financiación del PP, saldrán con penas de cárcel inferiores a los dos años (lo que les exime de entrar en la cárcel), permutables por sanciones inferiores a los 63.000 euros. Por responsabilidad civil desembolsarán cerca de dos millones de euros.

¿Orange Market «les facilitó facturas por servicios que en realidad no habían sido prestados»?, pregunta Miriam Segura. Sí, sí, sí... y así hasta nueve empresarios, entre ellos Gabriel Alberto Batalla Reigada, presidente de Becsa. La firma anteriormente conocida como Lubasa es una de las empresas adjudicatarias, según el BOE del pasado 8 de agosto, de un lote por valor de 22,3 millones de euros del contrato de 'Conservación, reparación, adecuación, señalización, balizamiento, alumbrado y jardinería de las carreteras de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, en la provincia de Castellón y Alicante zona centro'.

Manitas juntas y dedos cruzados en la mayoría de los casos: Cotino, Ortiz... Gimeno, con las manos a la espalda, de pie, en las pantallas de la Audiencia Nacional. Respuestas más que cortas, monosilábicas. Les observa el juez José María Vázquez Honrubia y las redes sociales echan humo mientras corroboran el relato de la fiscal. Los empresarios no volverán a la Audiencia Nacional hasta la última jornada del juicio.

Diez días más tarde de su confesión, Oltra: «A los empresarios honrados, gracias por no haber entrado en el juego». La vicepresidenta considera poco útil la revisión de las adjudicaciones del pasado, pues los procesos suelen ser «inmaculados» sobre el papel. Ahora continúan siéndolo. «No tenemos una varita mágica. Trabajamos para que no vuelva a pasar», indican desde el departamento de Oltra.

Algunas de estas empresas «manejan una veintena de cifs (los números de identificación fiscal de las empresas)», indicaron fuentes conocedoras de los concursos a los que actualmente se presentan firmas vinculadas a los empresarios. Participan en actuaciones en toda la Comunitat, encargadas también por la Conselleria de Justicia por obras y equipamiento. Realizan trabajos para encauzar barrancos, reciben licitaciones (por concurso público) para reparar carreteras o colegios en Alicante, en centros de salud de Castellón... La vida sigue.

La propuesta de Podemos de excluir de la posibilidad de contratar con la administración a las empresas relacionadas con la financiación irregular del PP encuentra difícil encaje legal. Sería necesaria una condena firme en la que se impusiera esta condición.

La petición inicial de pena en el caso Gürtel, por ejemplo, no incluía este castigo. Los industriales llegaron a una conformidad con una pena de prisión de un año y tres meses y una multa que no llegaba a los 30.000 euros. Está pendiente el pago de la responsabilidad civil. Diferente fue el resultado en el caso Cooperación, la primera pieza por el fraude de subvenciones en ayudas al Tercer Mundo.

Ese fallo sí impuso la imposibilidad de que uno de los condenados pudiera acceder a subvenciones o ayudas públicas durante un periodo de cinco años. En otro asunto reciente, que todavía no ha sido juzgado, la fiscalía reclama que se impida a la empresa Egevasa presentarse a concursos públicos en el caso de que la mercantil sea condenada por un supuesto cohecho. Pero sin esa sentencia -y debe ser firme- cualquier decisión administrativa podría ser recurrida y con argumentos de peso a favor de los excluidos en cualquier procedimiento administrativo.