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Francisco Camps ya puede respirar más tranquilo. La Abogacía de la Generalitat ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 2 de Valencia, ... que investiga el aval de la Administración a la empresa Valmor, organizadora del evento, donde anuncia su retirada de la causa.
Por un lado, desiste del recurso de reforma que presentó hace una semana contra el auto de archivo. Y, por otro, adelanta que no buscará una reapertura de las actuaciones ante la Audiencia de Valencia.
Termina, de esta forma, la investigación abierta en su día alrededor de todo el evento automovilístico en diferentes juzgados. Y el caso se cierra, por diferentes circunstancias, sin responsables penales. Es más, ninguna de las piezas –cuatro relacionadas con la F-1– han llegado siquiera a juicio.
La decisión de esta retirada ha sido adoptada por el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España. El dirigente ha puesto freno a la acción de la Abogacía –en caso contrario hubieran continuado hasta el final– porque no quiere que la Generalitat se separe del criterio que ha establecido la Fiscalía Anticorrupción, órgano especializado en la investigación de estos delitos.
El recurso de reforma se presentó debido a la urgencia de los plazos como una forma de ganar algo de tiempo ante un análisis con más detenimiento del asunto. Este ya se ha producido y la conclusión es abandonar las actuaciones. El propio conseller, no obstante, ha explicado que en ningún momento se ha tratado de una persecución hacia el expresidente Camps. De hecho, esta retirada de la causa, en cierta medida, demuestra precisamente lo contrario. Es decir, si el ánimo fuera mantener la incriminación contra el exdirigente popular habrían mantenido el procedimiento abierto hasta las últimas consecuencias con independencia del resultado.
El auto de archivo, con la falta de autoría como argumento principal del sobreseimiento, convertía en muy complicada la reapertura de las actuaciones. Desde el departamento que dirige Arcadi España recordaron que la participación de la Intervención de la Generalitat en todos los asuntos relacionados con la Fórmula 1 ha sido posterior a las querellas de la Fiscalía. En definitiva, el acuerdo supone un ejemplo de «racionalidad política y procesal».
España, además, quiso aclarar que la responsabilidad penal está desligada de la política donde sí sitúa a Camps como principal responsable. En este sentido, recordó el coste de 300 millones de euros del evento «pese a que se dijo que no iba a costar ni un euro a los valencianos». También lamentó la herencia del PP y el consiguiente daño que ha generado la corrupción a la imagen de la Comunitat.
Así, todas las investigaciones por la Fórmula 1 –con Camps o sin él imputado– han terminado en archivo. La compra de Valmor por un euro, los contratos de Circuito Motor y el ya famoso aval de la Generalitat. En otro juzgado, además, se instruyeron las obras en el trazado y el supuesto pago de comisiones por las adjudicaciones.
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