La Generalitat estudia personarse contra Francis Puig para recuperar los bienes usurpados

Tras reunirse con el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y anunciar un nuevo paquete de ayudas de 52 millones de euros para trabajadores por cuenta propia, el presidente del Ejecutivo valenciano confirmó lo que era evidente: la decisión del juzgado de instrucción número 4 de Valencia de procesar a Francis Puig por estafa y falsedad iba a generar reacciones en el seno de su gobierno.

De hecho, Mazón no ocultó sus cartas y aseguró que los servicios jurídicos de la Generalitat están estudiando el caso y las posibilidades para exigir que el hermano del expresidente devuelva la cuantía correspondiente a las ayudas públicas recibidas, especialmente durante la etapa en la que gobernó el Gobierno del Botánico.

"Estamos pensando personarnos como Generalitat para recuperar los bienes usurpados a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana", explicó Mazón tres días después de conocer la decisión del juzgado de instrucción número 4 de Valencia de procesar al hermano del dirigente socialista.

El Consell, en realidad, lleva meses barajando esa posibilidad sin que de momento se haya despejado esa incógnita. El plazo no es ilimitado. Si la Generalitat se decide a hacerlo, tiene de margen hasta el auto de apertura de juicio, una resolución que todavía puede demorarse unos meses ante un más que previsible recurso por parte de los investigados, el hermano del expresidente y uno de sus socios de cabecera, Juan Adell Bover. En caso de que el gobierno valenciano opte finalmente por personarse en la acusación deberá recibir el visto bueno del juzgado para ejercer la acusación particular. Es decir, debería apreciar que los intereses de la Administración se han visto perjudicados por la acción de Francis Puig.

El Partido Popular ya se personó como acusación popular. De esta forma se sumó a la Fiscalía Anticorrupción que mantiene su intención de presentar un escrito de acusación contra los dos supuestos responsables del fraude.

El auto de incoación del procedimiento abreviado, la resolución conocida el pasado viernes, equivale al auto de procesamiento y pone punto final a la instrucción. El cierre de la investigación supone que el instructor encuentra indicios de criminalidad en los imputados. De esta forma da traslado a la Fiscalía y al resto de acusaciones, el PP entre ellas, para que presenten sus correspondientes escritos de acusación si consideran que los hechos revisten responsabilidad penal. En caso contrario, solicitarían el archivo. No se pueden practicar más diligencias porque la instrucción está agotada.

El presidente valenciano reconoció que la decisión del juzgado de instrucción 4 de Valencia de abrir procesar a Puig no es "una noticia dramática en sí misma", sino que confirma el mensaje que ya trasladó la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, tras conocer que Francis Puig sería procesado. "Hoy en día la mejor manera de hacerse rico en España es ser hermano de un presidente o de un secretario general del Partido Socialista", concluyó Mazón, haciendo referencia a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, que también se encuentra al borde de ser procesado.

El auto del juez detalla las argucias de Puig y su socio para nutrir sus empresas de subvenciones públicas. Entre las conductas investigadas son relevantes tanto por esos hechos como "por los instrumentos utilizados: facturas falsas, sociedades instrumentales, domicilios ficticios, actividades carentes de forma patente de cualquier tipo de relación con la subvención que efectivamente se obtuvo y produjo el subsiguiente enriquecimiento a favor de las sociedades administradas por los investigados".

La resolución descarta expresamente la comisión del delito de fraude en las subvenciones porque la cantidad supuestamente percibida de forma indebida por los investigados y sus sociedades, en torno a unos 67.500 euros, no alcanza la cuantía de 120.000 euros que requería el tipo penal vigente en el momento de los hechos, según informó el Tribunal de Justicia de la Comunitat.

La casualidad quiso que el pasado viernes, justo cuando Diana Morant elogió el legado de Ximo Puig –"tú sí eres molt honorable", llegó a decir– comenzara a circular la resolución judicial. El caso, sin duda, enturbió el inicio del congreso del PSPV ya que generó una amplia repercusión mediática. Puig habló este sábado de "respeto a la Justicia". Pero la realidad es que ha mantenido un perfil bajo durante el desarrollo de toda la cita congresual.

El asunto arrancó con una denuncia del PP. Desde los inicios, la Fiscalía Anticorrupción apreció que el caso tenía cierto recorrido, aunque ha ido cambiando los delitos para que encajaran en los hechos que ha desvelado la investigación.

La instrucción judicial, por otra parte, no ha sido pacífica. Un error al notificar una de las prórrogas de la investigación llevó a la Audiencia a anular ese tiempo extra en las pesquisas de tal modo que el caso pudo quedar incompleto. Pero pese a todas estas incidencias, la Fiscalía sostiene que dispone de suficiente material para elaborar una acusación.

El auto del pasado viernes supone la asunción de buena parte del último informe del ministerio público donde se apuntaban los delitos de falsedad y estafa tras rechazar el fraude de subvenciones (el desfalco no superaba los 120.000 euros anuales).

No es el primer problema de las empresas de Puig y sus socios. El conocido como cártel de las productoras fue sorprendido pactando precios para un concurso de À Punt. Competencia de la Generalitat impuso una sanción de más de 40.000 euros.