La Generalitat exigirá desde el año próximo el valenciano

El Consell aprobó este viernes el proyecto de la Ley de Función Pública Valenciana, casi cuatro años después de empezar con una norma que ha dado muchas vueltas y ha generado un enfrentamiento entre Compromís y PSPV hasta el último minuto, ni más lejos que hace dos semanas, cuando la ley se bloqueó entre graves acusaciones. Eso sí, anónimas. El viernes, la consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, quiso quitar importancia a un debate interno muy bronco, tras el cual, finalmente, se ha dado luz verde a la norma. La crispación gira en torno a la exigencia del valenciano a los funcionarios, un requisito (o «capacitación», según la propia Bravo) que la consellera calcula que comenzará a entrar en vigor a partir del año próximo, cuando esté listo el reglamento de una ley que ahora inicia su tramitación parlamentaria. «Antes de mitad de legislatura», calculó Bravo, estará listo ese reglamento. Es decir, a mediados de 2021, si bien la ley se aprobará por Les Corts a lo largo del presente ejercicio. Eso, si todo va bien, tanto para la ley como, sobre todo, para un reglamento que precisará del visto bueno de Educación, la conselleria que dirige el nacionalista Vicent Marzà.

La negociación se prevé densa, lo que ha provocado el descontento de entidades como Escola Valenciana y Acció Cultural del País Valencià (ACPV) que el viernes manifestaron su disgusto por considerar que la nueva ley «no asegura la competencia lingüística en todos los puestos de trabajo» de la Generalitat. Bravo no entró el viernes al trapo de esas críticas. Aseguró que la exigencia del valenciano será proporcional al puesto que ocupen los funcionarios, con el fin de garantizar el derecho de los usuarios a emplear el valenciano, pero sin exigirlo a aquellos trabajadores cuya labor no implique la obligatoriedad de utilizar la lengua autóctona. El reglamento determinará qué funcionarios, según su puesto, precisan la titulación de valenciano y el nivel de conocimiento del mismo.

Bravo compareció junto a la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, a quien fuentes socialistas del Consell señalaron hace un par de semanas como la culpable del bloqueo de la ley. Quizá porque ayer se celebraba San Valentín y el amor siempre se abre paso, Bravo y Oltra mantuvieron un talante cordial.

La consellera de Administración Pública se mostró muy satisfecha de que se hayan solventado los «matices» y que la ley se haya aprobado finalmente. Bravo subrayó que es la primera vez que la Comunitat tendrá una norma que exija el valenciano para acceder a la Administración, en una cuestión de «voluntad política decidida» de apostar «por una norma que forma parte de nosotros, una riqueza cultural que debe ser favorecida». La ley, según la consellera, está diseñada para solucionar los problemas detectados por la comisión de expertos constituida en marzo de 2016. El texto incorpora una nueva visión de la Administración centrada en la profesionalización y también para rejuvenecer y dar estabilidad a la plantilla.

Entre las novedades figura la reducción del número de cuerpos y escalas de la Generalitat, de 201 a 91. Además, concreta que al menos el 50% de la oferta pública de empleo anual se tramite por el sistema de oposición libre y en cuanto a los requisitos de acceso desaparece la exigencia del doble requisito de Grado y Máster.