La Generalitat usa el fallo de los ERE para seguir con la causa del Papa

La Generalitat quiere que procesen a todos los investigados por los contratos de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias. Así consta en el escrito que recientemente ha presentado la Abogacía en el juzgado. La instructora dio traslado a las partes para conocer su postura antes de decidir si archiva la investigación o decide seguir adelante con el auto de incoación de procedimiento abreviado, una resolución que equivale al procesamiento, y que dejaría a los investigados, Francisco Camps y Víctor Camps, entre otros, al borde del banquillo.

La última resolución de la Audiencia de Valencia, con la desimputación de Eusebio Monzó, no obstante, abrió la puerta a un archivo total de la causa al dar por hecho que cuando se hicieron los contratos (2005 y 2006), la fundación era privada. En unas semanas, la jueza se pronunciará.

La Abogacía aporta algunas sentencias para sustentar su petición de seguir adelante con la causa. Una de ellas es el fallo de la Audiencia de Sevilla en el caso de los ERE en Andalucía que utiliza para justificar la existencia de delitos de prevaricación y malversación. En este punto, aclara que no es lo mismo una subvención que una transferencia. «La diferencia está, precisamente, en su control. Una subvención ha de ser controlada en todos sus aspectos, una transferencia no, y es esa huida del derecho administrativo» lo que determina, según el letrado, los dos ilícitos penales anteriores.

Conviene recordar que la Generalitat inyectó en su día dos millones de euros en la fundación V Encuentro que fueron utilizados para el pago de las deudas que se habían generado con el evento religioso. Ese dinero que se transfiere como dotación fundacional -en teoría, no se podría tocar- fue destinado de inmediato al pago de las deudas. Y no se contabilizó en la partida correcta hasta 2014 cuando se está preparando ya la liquidación de la entidad, indican desde la Generalitat.

«Resulta curioso que una fundación que se dice privada se nutra en su mayor parte de fondos públicos y que la Generalitat Valenciana inyecte dos millones de euros sin ningún control, infringiendo la ley, eludiendo los sistemas de control de la propia Generalitat Valenciana y lo haga para favorecer a un Ente privado que fue quien organizó el evento», insiste el escrito de la Abogacía.

Algunos investigados, en su petición de sobreseimiento, han cuestionado el papel de la Abogacía que acusa en un procedimiento en el que, en su día y antes de judicializarse, informaron a favor de las medidas que se adoptaron, tal y como destacó el letrado del obispo auxiliar, Esteban Escudero. En la misma línea se pronunció la Intervención de la Generalitat que ahora en sus informes dictamina lo contrario, según fuentes de las defensas.

La representación de la Generalitat aborda también la clave principal de este asunto: si la fundación era pública o privada. Para la Abogacía -contrataron un abogado externo pagado por el Consell por un conflicto de intereses- no parece ser esta una cuestión determinante, según la jurisprudencia que aporta. En este sentido, se basan en una sentencia que analiza el caso de Mercasevilla, donde se considera que cuando una entidad jurídica (aún cuando su génesis y organización sea privada) «hace uso de caudales públicos» su actividad (en orden a la contratación) «ha de regirse necesariamente por la Ley de Contratos».

La jueza de Instrucción 5 debe ahora decidir qué hace con este asunto. El procesamiento de los miembros del Patronato -tal y como pide la acusación- dejaría a los investigados al borde del banquillo.