La Generalitat gastó 305 millones por emergencia en el primer año de pandemia

Siempre han existido, pero se han popularizado durante la pandemia. Tanto, que los contratos de emergencia se han convertido ya en la fórmula elegida por el gobierno valenciano para gestionar incluso todos los acuerdos que tengan que ver con la recuperación tras el coronavirus. Durante el 2020, la Generalitat y su sector público echaron mano de este tipo de contratos a dedo, de gran rapidez administrativa y sin necesidad de expediente previo, en un total de 747 ocasiones. Todas las operaciones que se derivaron de esas adjudicaciones sumaron más de 305 millones de euros en contratos por emergencia, según los datos recopilados por la Fundación Civio, extraídos de las distintas plataformas de contratación de las administraciones públicas.

En el caso de la Comunitat, la Generalitat y sus empresas públicas sumaron 305 millones adjudicados por emergencia, mientras que las entidades locales valencianas (ayuntamientos y diputaciones) gastaron 15,8 millones con esta fórmula contractual. En total, más de 320 millones por esta vía. El mayor contrato se lo llevó la empresa Comité Textil S.L., propiedad de un empresario chino de Ontinyent que sumó 44,8 millones de euros con la adjudicación de dos contratos por emergencia, los primeros días del estado de alarma (de 31,5 y 12,1 millones en material sanitario respectivamente). En segundo lugar, la mayor factura fue para la firma Anona, que también distribuyó material sanitario, y en tercer lugar, la empresa Mölnlycke healt care, que se hizo con un contrato de 8,2 millones por 15 millones de mascarillas quirúrgicas.

Por departamentos, la Conselleria de Sanidad es la que más acudió a la contratación de emergencia, con más de 232 millones en adjudicaciones. Seguida de Hacienda (11,7 millones), la Conselleria de Igualdad (11,06), Educación(8,8) o Ferrocarrils de la Generalitat (con 5,2 millones de euros). Pero, a la contratación por emergencia también han acudido firmas públicas como À Punt (más de 222.000 euros), el Instituto Valenciano de Cultura (39.745 euros) o o Vaersa (125.600 euros).

Las entidades locales valencianas también necesitaron acudir a esta figura administrativa durante el año del estado de alarma. En concreto, ayuntamientos y diputaciones adjudicaron 329 contratos por esta vía, lo que supuso 15, 8 millones de euros.

El grueso de las comunidades autónomas adjudicó 2.955 millones de euros por emergencia, mientras que el conjunto del Estado sumó más de 6.445 millones por esta vía. Las cifras de la Comunitat suponen un 10,3% del total gastado por las entidades autonómicas.

Pero, al margen del primer año de pandemia, el Gobierno valenciano seguirá echando mano de esta tipo de contrato. Y es que la Ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat para 2021, la conocida como Ley de Acompañamiento a los presupuestos, con la que los Gobiernos modifican leyes y normas llevaba este pasado año una sorpresa. Con ella se dio luz verde a una modificación de la Ley de contratos del sector público por la que todas las actuaciones que se realicen con cargo a los fondos de reconstrucción de la pandemia se pasan a considerar de emergencia a efectos administrativos. Es decir, esta nuevo cambio, ya en vigor desde el último día del año 2020, permitirá al Consell contratar por emergencia todo servicio o suministro que tenga que ver con la pandemia, incluida la reconstrucción. De este modo, el contrato de emergencia, que se puede adjudicar a dedo, de manera verbal y sin necesidad de expediente previo, se convertirá en el comodín del Ejecutivo valenciano para poder afrontar con agilidad la llegada de fondos europeos. Sin embargo, desde el Botánico reconocen que ya se necesita ir más allá. Para ello, han aprobado esta semana el decreto de agilización de fondos europeos tras meses de desavenencias.