La Generalitat se opone a pagar 218.000 euros a la exgerente de FGV por la comisión del accidente de metro en Les Corts

El cambio en el Consell, de un Gobierno del Botánico a la dupla de PP-Voz y ahora sin el apoyo del partido de derecha radical, invitaba a pensar en algo más de empatía con la situación de Gracia. La exdirigente fue absuelta en el juicio al retirar la acusación la Fiscalía tras una instrucción ciertamente convulsa, con archivos y reaperturas y un intenso enfrentamiento entre el ministerio fiscal y la instructora del caso por sus diferencias acerca de la existencia de indicios delictivos.

Al margen de la vía judicial, la vertiente legislativa se encauzó en una comisión de investigación, una fórmula que ya se saldó con el reproche del Tribunal Constitucional tras la demanda de un técnico de FGV, afectado de igual modo que Marisa Gracia. «A las Cámaras no les corresponde declarar la existencia de conductas punibles y la determinación de su autoría», señaló el fallo. De igual modo, el alto tribunal concluyó que esos pronunciamientos afectaban al derecho al honor de las personas señaladas.

En la contestación de la Abogacía a Gracia ha imperado el criterio técnico. Por un lado, la Generalitat alegará que carece de legitimación para intervenir en el procedimiento porque la indemnización se plantea contra Les Corts. Precisan, de hecho, que no han instruido un expediente de responsabilidad patrimonial por estos hechos que sería el cauce habitual en el que se desarrollan estas reclamaciones.

Este aspecto, no obstante, ya fue analizado en su día por el TSJ en otra reclamación idéntica cuando resolvió que la Generalitat era la responsable porque el resultado de la comisión de Les Corts era una consecuencia del mal funcionamiento de un servicio público.

La Abogacía, por otra parte, considera que el dinero que exige la directiva es una cantidad excesiva. Gracia reclama más de 200.000 euros y recuerda la Generalitat que la única indemnización acordada en este sentido, la del exdirector de Recursos Humanos, fue de 10.000 euros. Además, en el mismo escrito, sostienen que la reclamación se ha presentado fuera de plazo. Mantienen que han transcurrido más de cuatro años desde que se celebró la comisión de Les Cors (2016) a la presentación del escrito (2021).

No se descarta que el TSJ falle a favor de Marisa Gracia. De hecho, ya lo hizo en su momento frente al director de Recursos Humanos. En aquella sentencia, adelantada por LAS PROVINCIAS, se recogía que las atribuciones de Les Corts causaron «un cierto grado de estigmatización». Y en este supuesto de manera todavía más intensa «por la directa conexión que presenta la imputación con su actividad profesional en el momento de producirse el accidente». El perjudicado, sin duda, sufrió un daño «que no venía obligado a soportar», terminó el TSJ.