La Generalitat se personará contra Francis Puig por estafa

«Para el supuesto de que se acepte por el juzgado instructor la calificación del Ministerio Fiscal de falsedad documental continuada y estafa agravada (por las cantidades obtenidas por Mas Mut Produccions), se constata un perjuicio económico y, en consecuencia, procede realizar ofrecimiento de acciones a la Abogacía de la Generalitat y a los servicios jurídicos de la Generalitat de Cataluña», señala el informe firmado el pasado 18 de julio.

La investigación se inició por un posible fraude de subvenciones del cártel de las productoras liderado por Francis Puig, pero quedó descartado porque las cantidades recibidas anualmente no superaban los 120.000 euros, que es el mínimo que marca la ley para valorar el delito. En cambio, durante la investigación afloraron otras cuestiones que han derivado en una posible estafa y falsedad documental. Anticorrupción estima que se han duplicado facturas, que se han justificado trabajos que no se han realizado y que existen albaranes que son falsos directamente.

Ante este escenario, la Fiscalía considera que el hermano de Ximo Puig utilizó Mas Mut con el único objetivo de lograr subvenciones con la complicidad de Juan Enrique Adell Bover, administrador único de Canal Maestrat, otra de las empresas investigadas y que también podría haber falsificado facturas.

Comunicacions dels Ports, la empresa matriz del grupo mediático de Francis Puig, emitió ayer un comunicado para justificar su actuación. La firma defiende «la legalidad de sus actuaciones» y subraya que las alegaciones «aclaran sobradamente las dudas sobre la tramitación de las ayudas al valenciano».

La firma asegura que todas las ayudas recibidas «han estado marcadas siempre por la más absoluta legalidad y el más escrupuloso cumplimiento de la normativa que rige estas ayudas». La entidad afirma que las alegaciones que presentó tanto al primero como al segundo informe de la Guardia Civil, en las diligencias previas a raíz de la querella política presentada en su día por el PP, aclaran sobradamente las dudas sobre la tramitación y justificación de estas ayudas, más allá de posibles errores materiales o humanos que, tal como se reconocía en el primer informe de la Guardia Civil, han podido deslizarse, atendiendo a la voluminosa documentación aportada». Además, apunta que todo responde a una «persecución destructiva» por parte del PP.