José Luis López Jaraba, exdirector general de RTVV de 2009 a 2012, será finalmente el único responsable de Canal 9 que deberá sentarse en el banquillo por las irregularidades en la gestión del ente. La Generalitat ha presentado ya su escrito de acusación en el que reclama 7 años de prisión, 17 años y 6 meses de inhabilitación absoluta, 9 años y 3 meses de inhabilitación especial para empleo y cargo público y multa de 21 meses a razón de 100 euros para el exdirectivo, según el contenido del escrito de acusación al que ha tenido acceso este diario. La Abogacía sostiene que se cometieron los delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental. Se desconoce, por el momento, qué posición adoptará la Fiscalía en este asunto. Hasta la llegada de la última pericial, fuentes del ministerio público llegaron a reconocer que el asunto estaba prácticamente abocado al archivo ante la falta de indicios incriminatorios. De hecho, todos los informes periciales hasta la fecha eran favorables a los acusados salvo el último solicitado por una de las numerosas acusaciones particulares que existen en la causa.
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La causa, que partió de una denuncia de Compromís, perdió fuelle a medida que avanzaba la instrucción. Del enorme agujero de 1.200 millones de euros que se investigaba en la gestión de Canal 9 y que apuntaba a varios investigados, todo se redujo a Jaraba y por unos pagos a la productora de José Luis Moreno. La primera pericial encargada por el juez avaló la cantidad pagada a Triskel por tres reportajes (276.000 euros) de los que sólo se llegó a emitir el primero. En ella, se admitía que el importe era alto, pero dentro del rango de mercado. En el segundo informe pericial, el de los programas de José Luis Moreno, se señalaba un posible trato de favor y el pago de programas por encima de su precio por parte ente a las empresas del afamado productor. Desde el primer momento, se sugirió desde la defensa de Jaraba que este perito estaba actuando de esta forma para vengarse de Moreno. El informe apunta a que se produjeron sobrecostes de alrededor de un millón de euros por un programa y una serie cuya calidad, según los expertos, no se justificaría con el importe.
Además, el escrito de acusación también pide a Jaraba una responsabilidad civil de 1.385.295 euros, que es el perjuicio total causado a RTVV. La Generalitat considera que se adjudicaron contratos sin ajustarse, a sabiendas, a la normativa utilizada por RTVV. Asimismo, no existió ningún tipo de informe económico que evaluara el valor de los programas que se entregaron a cambio de la deuda.
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