La Generalitat pide ahora, un año después de la sentencia, que los condenados de Gürtel por la trama de las pantallas paguen 3 millones

La Generalitat ha solicitado la ejecución de la sentencia de la Audiencia Nacional que condena a los integrantes de la trama Gürtel a hacer efectivas sus responsabilidades civiles, que ascienden a 3,2 millones de euros, por la contratación irregular de pantallas durante la visita del Papa en julio de 2006.

El fallo condenatorio es de noviembre de 2020. Aproximadamente ese mismo año, la Abogacía de la Generalitat ya conocía qué condenados iban a recurrir la sentencia al Tribunal Supremo y, por tanto, contra quienes ya podía actuar. Sin embargo, el escrito se ha presentado el pasado viernes, un año después de aquello. La demora resulta más que evidente. Fuentes de la Generalitat han respondido a esta cuestión: «Llevábamos un tiempo pensándolo y se ha hecho cuando se ha visto la mejor oportunidad».

Se desconoce de qué forma puede concretarse lo de «la mejor oportunidad». Pero hay un hecho poderosamente llamativo. El escrito se interpone el día que los populares inician el XX Congreso del PP y se difunde tras el cónclave de los populares.

Existe, además, otra circunstancia que invita a ligar eso de la oportunidad con el PP. La hemeroteca permite comprobar cómo la Generalitat ya recurrió a una nota de similar naturaleza -la Generalitat ha recuperado siete millones de euros de la corrupción- el pasado 5 de febrero. De nuevo, la difusión de ese mensaje, que también se incluye en la nota que ha enviado hoy Presidencia, coincidió con la Interparlamentaria del PP en Valencia.

La directora general de relaciones con Les Corts, Ana Belén Domínguez, ha explicado que los responsables de la trama fueron condenados por los delitos de prevaricación, malversación, blanqueo, cohecho activo, fraude a la administración pública, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y delitos contra la Hacienda Pública.

Domínguez ha manifestado que esta decisión es fundamental «no sólo para recobrar el dinero sustraído de las arcas públicas, sino también para recuperar la dignidad y la decencia de la Comunitat Valenciana».

La resolución consideró probado que la trama se repartió el sobrecoste de 3,2 millones de euros de los contratos del evento obtenidos mediante adjudicaciones irregulares de contratos públicos, por ello la Generalitat ha decidido solicitar la ejecución provisional de la sentencia para aquellos condenados que no hayan recurrido la sentencia en casación.

La directora general ha insistido en que el Consell «va a continuar emprendiendo todas las acciones necesarias para recuperar los recursos públicos hurtados a los valencianos en casos de corrupción», y ha recordado que, desde la llegada al gobierno del presidente Ximo Puig, la Oficina de Recuperación de Activos ha abierto más de 40 expedientes para promover acciones administrativas o judiciales en defensa de los intereses de los valencianos y valencianas y para obtener la restitución patrimonial en los casos de corrupción que lesionaron los intereses generales.

Domínguez ha destacado que la Oficina de Recuperación de Activos ha permitido que la Generalitat se haya personado «en asuntos de repercusión social y trascendencia económica tan importantes como el caso Cooperación, el caso Emarsa, el caso Fitur o en las diferentes piezas que componen el caso Gürtel».

Estas acciones han posibilitado que hasta el momento la Generalitat haya recuperado 7,3 millones de euros, y prevé recobrar más de 14 millones de euros teniendo en cuenta los expedientes de acciones administrativas o judiciales en marcha, según ha explicado la directora general.

Por último, Domínguez ha subrayado que el trabajo realizado por el Consell ha contribuido a que la Comunitat Valenciana haya pasado de ser «paradigma de la corrupción a paradigma de la decencia», y ha mostrado su compromiso de seguir trabajando para seguir siendo un referente en iniciativas como la gigafactoría de baterías o la ayuda a personas refugiadas, y «evitar que vuelva el fantasma de la corrupción», ha concluido.

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