La Generalitat no quiere pagar ahora el millón de la condena en costas de la Fórmula 1

valencia. El empeño de la Abogacía por mantener viva a toda costa alguna de las tramas relacionadas con la Fórmula 1 le llevó a la arriesgada aventura de reclamar 24 millones de euros a diferentes cargos públicos por la compra de Valmor por un euro por parte del Consell. Obtuvo un primer pronunciamiento negativo del Tribunal de Cuentas y la condena en costas. Pese a ello, decidió continuar con el procedimiento. Y llegó el segundo revés por parte del Tribunal de Cuentas y la confirmación de las costas. En su día ya se anunció que los gastos de abogados serían considerables, de cifras de seis dígitos, porque se calculan, en parte, en base al dinero reclamado.

Al final, la factura se acerca casi a 1,8 millones teniendo en cuenta las dos instancias. Y la Generalitat las ha impugnado. Todas los letrados reclaman unos 180.000 euros salvo el caso de García Gimeno que se va casi a los 400.000 euros. La Abogacía, que representa los intereses de la Generalitat, ha impugnado las cuantías. Las considera excesivas y cree que se debe aplicar un factor de corrección a la baja sobre esas cifras. Todavía no se ha resuelto. De igual modo, reclama que se excluyan los gastos de procurador. Sostiene que las minutas deben ser «drásticamente moderadas» de acuerdo al trabajo efectivamente prestado y a los criterios del Colegio de Abogados de Madrid.

Por un lado, el procedimiento se dirigía contra la exconsellera Lola Johnson y los exdirectivos de Circuito Motor, José Míguel Escrig Navarro, Julio García Gimeno, Blanca Tomás Carbó y Luis Lobón Martín por la compra de la empresa que organizó la Fórmula 1. En caso de que no prosperase, se solicitaban otros 14 millones de euros para la exconsellera Trini Miró y el resto de directivos por no perseguir el pago de la deuda que acumuló Valmor con la Generalitat.

Se da la circunstancia de que ninguno de los anteriores altos cargos estuvieron investigados judicialmente por la compra de la citada empresa una pieza judicial en la que, en realidad, nunca ha habido imputados. Los altos cargos declararon como testigos durante las indagaciones en fase prejudicial. Finalmente fue Anticorrupción la que solicitó el archivo de las actuaciones. Y, de paso, afeó a la Abogacía -al igual que hizo la juez- el escaso interés que habían demostrado por investigar este asunto.