La Generalitat rechaza el pacto del fiscal con Blasco y otros acusados

La Abogacía de la Generalitat se ha distanciado del pacto que Anticorrupción ha ofrecido a los acusados en el caso Cooperación, que se concreta en penas de dos años y medio de cárcel para el exconsellera Rafael Blasco y el empresario Augusto César Tauroni. Lo habitual -hay excepciones- es que la Generalitat siga siempre el camino que marca el ministerio público. Pero en esta causa existen una serie de salvedades que hoy por hoy -la posición no es definitiva- alejan a la Abogacía de los intereses de la Fiscalía. En estas piezas (2 y 3) se investiga el fraude en la concesión de subvenciones a diferentes ONG´s y el fallido hospital en Haití.

La cuestión capital para la Administración valenciana es la recuperación del dinero. De todo. Y este aspecto no está hoy asegurado. La cifra que manejan las acusaciones se situaría entre los cuatro y los cinco millones, aunque los cabecillas pensaban que un recálculo de las operaciones podría hacer disminuir estas cantidades. La Generalitat desearía dinero en efectivo más que bienes, pero entiende que los procesados en estas dos piezas del caso Cooperación ofrezcan diferentes propiedades.

Tal y como ha informado LAS PROVINCIAS, los principales acusados han mostrado su disposición a desprenderse de un inmueble y un chalé en la Barraca d' Aigües Vives (Blasco), apartamentos en Miami y un barco (Tauroni) y una vivienda en Dénia (Marc Llinares, exjefe de Área).

Pero, al parecer, no se alcanzaría la cifra cercana a los cinco millones que reclama la Abogacía. Además, no hay que olvidar que una de las viviendas de Blasco ya está embargada para cubrir la responsabilidad civil de las primera pieza del caso Cooperación, aquella en la que parte del dinero fue a parar a la compra de dos pisos en Ausias March.

Este temor a no recuperar el dinero ha hecho que la Generalitat se distancie de Anticorrupción y se aproxime a las tesis que defiende la coordinadora de ONG´s, que desde el primer momento apuesta por celebrar el juicio. De hecho, ayer se produjo una reunión entre Abogacía de la Generalitat y las ONG´s para intercambiar opiniones.

También coinciden en otro punto: Marc Llinares. Su pena quedaría muy reducida para su supuesto grado de participación en la trama. En los casos de Blasco o Tauroni, por ejemplo, no pueden pasar más de ocho años en la cárcel. El empresario ya ha cumplido seis y el exconseller lleva tres. Existe doctrina jurisprudencial por la cual, en beneficio del preso, no se puede castigar con mayor pena que la que correspondería si los distintos hechos se hubieran enjuiciado en una sola pieza y no en varias, como es el caso. Es decir, el hecho de parcelar la causa y celebrar diferentes juicios no debe resultar más gravoso para el condenado. Así, la petición e incluso una condena alta -les piden 16 y 22 años- no tendría ningún efecto. Sería una 'victoria' de cara a la galería, sin consecuencias.

Sin embargo, no sucede lo mismo con Llinares. El exresponsable de la Conselleria de Solidaridad se libró de la primera condena del Tribunal Superior de Justicia. Una conformidad ahora le beneficia enormemente ya que su pena rondaría los dos años y medio. Una estancia muy corta comparada con sus compañeros. Las ONG´s también pretenden buscar un mayor castigo.

A todo lo anterior se suma, además, otro factor. La coordinadora quiere evitar ejercer la acusación en solitario. Por un lado, se trata de un juicio largo y complejo y son conocedores de que es la Fiscalía y la Generalitat las que dominan el asunto. Pero, además, no quieren exponerse a una condena en costas si el tribunal no apoyara sus tesis. De tal forma que, al final, un juicio por un asunto tan delicado como este terminaría costando dinero a la plataforma.