El exconseller, en la puerta trasera de la Ciudad de la Justicia. irene marsilla

La Generalitat reclama 15 años de cárcel al exconseller Castellano por la trama del fuego

La Abogacía solicita que el exdelegado del Gobierno indemnice a la Administración con 900.000 euros

A. Rallo

Valencia

Jueves, 7 de julio 2022, 18:18

Serafín Castellano comprueba cómo su horizonte judicial se oscurece paulatinamente. Tras salir indemne de algunas piezas que terminaron en archivo, como los contratos concedidos a un empresario amigo, José Miguel Pérez Taroncher, el que fuera delegado del Gobierno con el PP era consciente de su ... delicada situación en el sumario de Avialsa que se tramita desde hace siete años -otra de las demoras difícilmente explicables- en un juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional.

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La Generalitat Valenciana, que ejerce la acusación particular por la trama del amaño de contratos de extinción de incendios, ha presentado ya su escrito de calificación en el que reclama 15 años de cárcel para el exdirigente. Además, solicita que haga frente a una indemnización de 900.000 euros.

El juez instructor sostiene que el exconseller formaba parte de «una organización criminal que presuntamente se concertó para alterar la contratación y adjudicación de los contratos de extinción de incendios en el sector de la navegación aérea mediante la corrupción de funcionarios y autoridades».

Castellano, siempre según la investigación, recibió cerca de 160.000 euros en regalos y viajes como contraprestación al trato de favor que ofrecía a la empresa responsable de la extinción. Entre los obsequios y atenciones especiales destacan las actividades cinegéticas, a las que el exdirigente popular era muy aficionado. El importe total de los contratos ahora cuestionados supera los 150 millones de euros.

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Otro de los afectados, ya fallecido era Pedro Hidalgo, el que fuera director general de Interior de la Conselleria de Justicia, Interior y administraciones públicas. Se le acusaba de acreditar la realidad del trabajo prestado por Avialsa sin las necesarias comprobaciones. Su muerte anuló cualquier responsabilidad penal en este procedimiento.

No obstante, continúa en la causa su hijo, también procesado en el reciente auto, a quien le acusan de aceptar un todoterreno valorado en más de 46.000 euros.

No se trataba de un caso de corrupción asentado únicamente en la Comunitat, aunque fue aquí donde comenzó la investigación. Pero, posteriormente se demostró que , en realidad, Avialsa y el resto de empresas del sector se repartían el mercado de acuerdo a determinados criterios para maximizar beneficios en las respectivas autonomías. «El grupo se repartía geográficamente el mercado de la contratación pública en el sector, así como los procedimientos concretos de contratación», llegó a concluir el juez.

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