La Generalitat no recurrirá el caso de los profesores de Religión

Fue uno de los asuntos de los que Compromís hizo bandera. La coalición nacionalista organizó una rueda de prensa para anunciar un nuevo escándalo de corrupción con el que se habían topado al desembarcar en la Generalitat con el pacto del Botánico. Lo llevaron a la fiscalía y el ahora magistrado del TSJ, Vicente Torres, lo trasladó al juzgado a mediados de 2018. Dos años más tarde, el instructor ha archivado el asunto con informe favorable del ministerio público, tal y como adelantó LAS PROVINCIAS. Pero, además, la Generalitat ha renunciado a seguir con el procedimiento. No recurrirá la decisión al no ver posibilidades de que la Audiencia revoque el pronunciamiento.

De esta forma, se borra de manera definitiva cualquier sospecha sobre la actuación de Santiago Martí, el ex director general de Centros y Personal Docente de la Conselleria, y de Rafael Cerdá, el presidente de la comisión diocesana de Religión, ahora denominada de Enseñanza y Pastoral Educativa. Eran los dos supuestos responsables del fraude. La denuncia recogía que una veintena de profesores de religión -también fueron imputados aunque el archivo de su caso se produjo hace meses- cobraron su sueldo público cuando en realidad no daban clase en centros escolares sino que trabajaban para las respectivas diócesis.

Esto se hizo a través de una comisión de servicios. En aquel entonces la Conselleria de Educación estaba en manos de María José Catala, actual líder del PP en Valencia. La acusación sostenía que una comisión de servicio no es una figura válida para las relaciones entre la Administración y la Iglesia. El ministerio público les acusó de malversar 750.000 euros. Sus salarios y los de sus sustitutos en los centros durante un año.

Pero el juzgado, en realidad siguiendo el informe del ministerio fiscal, dio carpetazo al asunto. El auto de archivo descartó la prevaricación porque adolece del elemento subjetivo del delito. Es decir, alguien que dicta una resolución a sabiendas de su ilegalidad no promueve una norma legal para dar cobertura a esta situación, tal y como sucedió en aquel entonces.

De hecho, las comisiones finalizaron de inmediato tras un informe jurídico en el que se alertaba de la falta de amparo legal. Además, la fórmula empleada buscaba, en cierta medida, solucionar algo que se aplicaba desde hace casi dos décadas como que estos profesores, en realidad, se dedicaban a labores de coordinación. Así se pretendía equipararlos con otros coordinadores.

No es la primera vez que causas auspiciadas por Compromís terminan en saco roto con la excepción de la trama de desvío de fondos del caso Cooperación que sí se saldó con condenas y donde el papel del partido fue determinante. No obstante, hay otros antecedentes negativos en la coalición nacionalista como el supuesto desfalco en la RTVV. La denuncia por un agujero de más de 1.200 millones de euros se fue deshinchando hasta reducirse todo a un único acusado, el director general José Luis López Jaraba. Finalmente la Audiencia le absolvió. Tampoco se recurrirá este fallo por parte de la Abogacía de la Generalitat, según informó este periódico.