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La Generalitat ha renunciado ya a su reclamación de 24 millones de euros a varios altos cargos del PP por las consecuencias de la compra de Valmor por un euro. Dos pronunciamientos en contra del Tribunal de Cuentas con su correspondiente condena en costas -alrededor de un millón de euros que saldrán de las cuentas públicas, según las defensas- y las escasas probabilidades de éxito del recurso fueron los argumentos propuestos por la Abogacía para que los responsables del Botánico desistieran. Y lo han hecho, según fuentes de la Conselleria de Educación y Deporte. Desde Circuito Motor, la empresa responsable, han aceptado las recomendaciones de la Abogacía y no recurrirán. Tenían la posibilidad de mantener la reclamación si elaboraban un informe justificando la conveniencia de llevar el asunto al Tribunal Supremo.
La renuncia en el Tribunal de Cuentas contrasta con el procedimiento penal que todavía se sigue en Instrucción 2 de Valencia. La Fiscalía Anticorrupción solicitó el archivo de las diligencias tras más de cuatro años de investigación en los que no se había instruido nada desde la querella del ministerio público en la que se sostenía que Lola Johnson engañó a los miembros del Consell para que aprobaran la compra. Esta absorción se produjo ya en la etapa de Alberto Fabra tras la salida de Francisco Camps.
La Abogacía, sin embargo, ha recurrido el archivo y considera que se debe seguir con el procedimiento penal pese a que el plazo de la instrucción está agotado y no hay imputados. De tal forma que se da la llamativa circunstancia de que la Generalitat pretende mantener una causa penal cuando el Tribunal de Cuentas ha dictaminado que no existe responsabilidad contable y han renunciado a recurrir esa decisión. Además, ninguno de los supuestos responsables en el Tribunal de Cuentas ha estado investigado en los juzgados. Una de las posibilidades es que finalmente la Abogacía desista también en la causa penal.
La Generalitat pretendía que Lola Johnson, y los exdirectivos de Circuito Motor, José Miguel Escrig Navarro, Julio García Gimeno, Blanca Tomás Carbó y Luis Lobón Martín respondieran con su propio patrimonio a los 24 millones de euros que supuso la fusión por absorción de la empresa Valmor. De manera subsidiaria, la Generalitat solicitaba la condena a 14 millones de euros para la exconsellera Trinidad Miró y el resto de directivos por no perseguir el pago de la deuda que acumuló Valmor con la Generalitat. Esto fue descartado por el propio Tribunal de Cuentas.
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