La Generalitat multa con 43.000 euros a Francis Puig y sus socios por amaño

El cártel de las productoras, liderado por Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en colaboración con sus socios, los hermanos Adell Bover, ha recibido una fuerte sanción de 43.000 euros por pactar precios para ganar varios lotes de un concurso público de corresponsalías de la televisión pública À Punt. Una sanción que, además de la pena económica, puede conducir a que estas empresas de televisión queden inhabilitadas para poder contratar con el sector público. La Conselleria de Economía, que es la que ha ejecutado la multa, ha puesto en conocimiento de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado esta resolución para que aplique la sanción que considere oportuna por «falseamiento de la competencia». La Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana ha elaborado un expediente de 91 páginas en el que constata las maniobras realizadas por estos empresarios de Castellón para cazar contratos públicos. Un caso que arrastra casi dos años de investigación, que destapó LAS PROVINCIAS y que puede llevar a las empresas del hermano de Ximo Puig y de sus socios a quedar inhabilitados para contratar con las administraciones públicas.

A Comunicacions dels Ports, empresa matriz del hermano de Ximo Puig, se le ha impuesto una sanción de 16.801 euros, mientras que a Canal Maestrat y Kriol, las dos productoras de los Adell Bover, la sanción suma 26.103 euros. La última firma multada es Visualiza, con 3.337 euros. Las cuatro forman el conocido como cártel de las productoras.

El informe elaborado por Competencia incluye la transcripción de mensajes entre los empresarios. Unas conversaciones que certifican, como indica el propio informe, que tenían acceso a la información del concurso de À Punt antes de que fuera colgado en la plataforma de contratación del Estado y en el de la televisión pública. Francis Puig y sus socios, según se desprende de la documentación, gozaban de información privilegiada para optar con ventaja al concurso.

La licitación de las corresponsalías de À Punt -por un montante superior a los 300.000 euros- se publicó en el portal de contratación el 10 de enero de 2019. Una propuesta dividida en lotes que se correspondían con las comarcas que había que cubrir para facilitar imágenes a la cadena pública de televisión. Los lotes investigados y al que optaron el cártel de las productoras eran del 1 al 3 por un total de 84.380 euros -divididos en 24.200 (lote 1), 36.300 (lote 2) y 33.880 (lote 3)-. Tanto la empresa de Francis Puig como las productoras de los Adell Bover ya habían sido adjudicatarias de contratos menores para cubrir estos servicios.

A pesar de que el concurso se colgó el 10 de enero de 2019, los responsables de Comunicacions, Kriol y Canal Maestrat ya mantuvieron conversaciones en noviembre de 2018 para optar a los lotes. «Como consta en la información recabada en la inspección llevada a cabo en las sedes de Canal y Kriol, las empresas incoadas disponían de información sobre la licitación con carácter previo a su publicación, tanto el hecho de la próxima licitación como en los términos en que se iba a lanzar», señala el informe de Competencia.

El 17 de noviembre, dos meses antes de que saliera el concurso, ya se produjo la primera conversación entre responsables de la empresa de Francis Puig y de los Adell Bover. Hablaron del concurso y sobre cómo se podía repartir, además de que había empresas que podían ser competidoras. De manera indirecta se referían a Miraelpardalet, otra de las sociedades que se presentó al concurso y que finalmente se hizo con el lote 1 tras la salida de la firma de Francis Puig.

En las conversaciones que se incluyen en el expediente figura cómo debían presentar la documentación, hablaban de las grandes corresponsalías del concurso e incluso el día 10 de enero estaban pendientes para ver cuándo se colgaba el concurso en el portal de À Punt. El cártel de las productoras mantenía un chat en whatsapp abierto mientras duró el proceso de adjudicación para estar al tanto de todos los movimientos. Incluso se preguntaron unos a otros el precio que iban a poner para optar a los lotes.

Las cuatro empresas -Comunicacions, Kriol, Canal Maestrat y Visualiza- presentaron sus ofertas el mismo día, el 12 de enero, «con precios idénticos en los cuatro conceptos, que se repiten de forma coordinada en los distintos lotes a los que concurrieron y estos cuatro modelos de oferta responden a un sistema de reparto», señala Competencia. Además, «las cuatro empresas son las únicas que ofrecen precios distintos a los diferentes lotes a los que concurren», añade.

El 19 de febrero, uno de los Adell Bover informa al otro hermano del resultado del concurso, que todavía no era público, y ya sabía que Comunicacions se haría con el lote 1; Kriol, con el lote 2 y Canal Maestrat, con el lote 3. La empresa de Francis Puig, una vez À Punt descubrió el pacto, desistió el 8 de abril de manera voluntaria, mientras que las empresas de los Adell Bover fueron excluidas. El cártel trato de justificar la maniobra del pacto de precios ante À Punt y las productoras adjuntaron por separado un informe fiscal que determinaba la rentabilidad del negocio y la necesidad de esos precios. La Comisión de la Competencia rechazó esas alegaciones y determina que las productoras investigadas estuvieron en contacto «con carácter previo a la licitación» y se produjo un intercambio de información. La subsecretaría de la Conselleria de Economía propuso sancionar al cártel de las productoras por una infracción muy grave del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia.

Francis Puig, que se retiró del proceso cuando la mesa de contratación de À Punt pidió explicaciones, señaló durante el periodo de alegaciones que no se estaba respetando la presunción de inocencia y que se estaba obviando un informe de un especialista independiente sobre los precios ofertados. El hermano de Puig recibió un duro revés después de que competencia le contestara que la participación de Comunicacions dels Ports en el cártel de las productoras «quedaba acreditada».

Las sanciones muy graves prevén una multa de hasta un 10% de la última facturación de las empresas. A las productoras de Francis Puig y de los Adell Bover se ha establecido un tipo del 4,75% mientras que el de Visualiza ha sido del 5,25%.