a Generalitat señala al consejo rector de À Punt como responsable en buena medida de la sentencia del Tribunal Supremo que rechaza el recurso de casación para unificación de doctrina presentado por la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) y declara la firmeza de ... una sentencia dictada por el TSJ en fecha 15 de junio en la que se reconocía el derecho de una trabajadora de la vieja Canal 9 a percibir los trienios que había acumulado.
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El pronunciamiento del Supremo, después de que los juzgados de lo Social se hubieran pronunciado en unos casos a favor y en otros en contra del reconocimiento de la antigüedad acumulada, tal y como ya informó este diario, abre la puerta a que todos los exempleados de RTVV que ahora están en À Punt soliciten el reconocimiento y el abono de esas cantidades por la antigüedad acumulada.
Un informe elaborado por los servicios de administración y recursos humanos de la televisión pública valenciana estima en un coste adicional aproximado de 5.296.222,16 euros la posibilidad de que todos los trabajadores de À Punt en esta situación presenten nuevas demandas, como parece probable.
Las fuentes de la administración autonómica consultadas por este diario apuntan directamente al consejo rector y reconocen el «profundo malestar» existente en relación con la gestión de este asunto, que han llegado a bautizar como «la última trampa que el Botánico» dejó al actual Consell. «Es la herencia envenenada que nos han dejado», se añade. En especial, estas fuentes apuntan a los miembros del consejo rector, «más preocupados por la ideología que por la audiencia y la gestión».
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El informe que maneja la administración autonómica estima que desde el año 2019 se han venido recibiendo demandas por este concepto hasta sumar una treintena de trabajadores de la CVMC, y otras 257 de la SAMC –Societat Anònima de Mitjans de Comunicació–. El coste de las primeras supera los 367.000 euros, mientras que el de las segundas alcanzaría los 2,1 millones de euros –sumando salarios y cotizaciones a la Seguridad Social–.
«Cabe esperar que la CVMC y SAMC sean condenadas a abonar las cantidades reclamadas además de las costas e intereses», se explica en el informe que, además, estima el coste añadido de esos dos conceptos en 191.000 y 172.000 euros, respectivamente. «Además de las cantidades señaladas, el impacto en la masa salarial, donde ya se ha tenido en cuenta los incrementos salariales, por el reconocimiento del derecho a percibir los trienios reclamados», que sumaría otros 815.000 euros.
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La suma de todas estas cantidades supondría «un coste adicional aproximado (siempre que las futuras sentencias condenen en el pago de intereses y costas) de 3.710.594,98 euros». Este coste ha sido analizado con las demandas actuales, aunque cabe esperar que se interpongan nuevas demandas por parte de los ex trabajadores de RTVV. Ese es el escenario que dispararía el coste de esta sentencia por encima de los 5 millones de euros.
Y la situación financiera de la televisión pública no parece estar para demasiadas alegrías. Las pérdidas en 2020 fueron de 25,1 millones y en 2021 de 13 millones de euros. Al cierre del ejercicio 2022 la sociedad se encuentra con los fondos propios negativos como consecuencia de los resultados negativos de ejercicios anteriores. La estimación del patrimonio neto al cierre del ejercicio de 2024 se calcula en torno a los 49 millones de euros, lo que conduce a la causa legal de disolución.
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Ante esto, y para tratar de darle la vuelta a la situación, borrar los números rojos y restablecer la situación patrimonial de la sociedad, la Generalitat baraja distintas alternativas. Tras la entrada en vigor de la nueva Ley de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, la administración autonómica valora una ampliación de capital para volver al equilibrio patrimonial.
Por otro lado, desde el consejo rector de À Punt se ha asegurado es lunes que el número de reuniones celebradas por este órgano en el primer semestre de 2024 han disminuido significativa respecto a las del mismo periodo de 2023. En concreto, y en contra de lo sostenido por las fuentes de la administración autonómica consultadas por este diario, han sido 13, frente a las 21 del ejercicio anterior.
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Desde el consejo rector se asegura que las reuniones se convocan únicamente cuando hay asuntos que tratar, nada que ver con el hecho de cobrar las dietas por asistencia tal y como se sostiene desde la Generalitat.
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