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La deliberación de la Audiencia sobre los contratos de la visita del Papa se ha paralizado. El motivo es que la Generalitat –en una maniobra poco frecuente– ha solicitado la recusación del tribunal de la sección Cuarta, presidido por Pedro Castellano. La Abogacía considera que la imparcialidad de los tres profesionales se ha visto comprometida a la hora de decidir sobre este asunto.
El caso, las irregularidades sobre los contratos de la Fundación V Encuentro y si la naturaleza de la entidad fue pública o privada, fue archivado por la juez de Instrucción 5 de Valencia. Pero la Fiscalía y la Abogacía recurrieron esa decisión a la Audiencia. Ha sido ahora cuando han presentado ese incidente de nulidad.
Un juez se encargará de analizar los motivos expuestos por la Generalitat. El fundamental hace referencia a un auto por el que la Sala acordó en su día el archivo de las actuaciones contra Eusebio Monzó.
En su día, LAS PROVINCIASya informó de que el análisis de los hechos que anticipaba la Audiencia invitaba a pensar en la inexistencia de delito. En concreto, la Abogacía lamenta una de las afirmaciones del auto donde se recoge que la fundación «devino pública» con la inyección de los dos millones de euros que aportó la Generalitat para abonar las deudas que arrastraba. Si a partir de ese momento fue pública es porque antes era privada. Entonces, no era necesario que la entidad se sometiera a la Ley de Contratos del Sector Público. Es decir, no hay caso de la visita del Papa.
La Generalitat sostiene que ese pronunciamiento respecto a Monzó contenía «la expresión de una convicción inequívoca de que todo se ha hecho bien, de acuerdo con todos los requisitos legales y con las bendiciones de todos los órganos implicados sin que importe en modo alguno si la Fundación era privada o pública«. En este sentido, descartaba cualquier participación irregular de Monzó que sólo se dedicó a ejecutar lo previamente acordado. Insiste la Abogacía en censurar la actuación de la Audiencia porque se extralimitó al hacer «juicios de valor» sobre los hechos que siempre, según la acusación particular, no deberían hacerse «antes del juicio oral donde pueden exponerse el resto de pruebas».
El sobreseimiento de Monzó –o mejor dicho, el contenido de esa resolución– supone una «contaminación» del tribunal que afecta a la decisión que ahora deben adoptar respecto al global de la investigación. La Abogacía cree que al resolver el recurso, el supuesto de Monzó, se pronunciaron ya sobre el fondo de la controversia.
La Generalitat aporta en su escrito una sentencia del Tribunal Supremo en la que se recomienda que las diferentes Salas de la Audiencia se turnen los recursos de un mismo asunto para que una resuelva los de cada uno de los investigados y otra decida finalmente acerca del enjuiciamiento. Una de las reflexiones más sorprendentes de la Abogacía es la supuesta existencia de una «consigna» no expresada abiertamente, «para archivar la causa, sea como sea». En esta línea, apuntan «la creencia del ciudadano de a pie que ve cómo la ley parece no ser igual para todos mermando considerablemente la confianza en la Justicia y aún cuando no lo vean los interesados, sumiendo a éstos en un velo de sospecha que lejos de beneficiarles, los perjudica».
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