La gerente de Compromís en Divalterra pidió a un catedrático que cambiara un informe

Las investigaciones policiales sitúan al expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez y al letrado que nombró, Jorge Cuerda, como principales artífices de la creación de una estructura paralela en Divalterra para la contratación de personas afines al PSPV y Compromís. La mayoría de los investigados están vinculados a la formación que lidera Ximo Puig, pero para los expertos de la Udef no pasa inadvertido el rol de la cogerente de Divalterra, Agustina Brines. Se trata de la única persona de Compromís que se encuentra investigada en Instrucción 9, el juzgado que tramita el caso Alquería. Porque este asunto no corresponde únicamente al PSPV, también salpica a la formación nacionalista.

Uno de los informes de la Udef resalta en sus conclusiones el papel de Brines. Si bien es cierto que traslada sus dudas acerca de cómo efectuar las contrataciones de los altos directivos, parecer ser consciente, según los correos examinados, de que se debe seguir el artículo 55 del Estatuto Básico del Empleado Público. La responsable de Compromís realiza dos consultas, la primera a una asesoría externa y la otra a Carlos Alfonso Mellado, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia.

Dos días antes de que se efectuaran los fichajes de altos directivos ahora cuestionados recibió el informe del experto universitario, cuyas conclusiones parecían no encajar en las pretensiones de los responsables. De hecho, en ese primer informe se recoge que la oferta se debe hacer con publicidad, identificando las funciones y requisitos, las pruebas y los méritos, así como quién resolverá el proceso. Sin embargo, en una actuación sorprendente por parte de una responsable pública, Brines envía un correo al especialista en el que le pide una modificación del informe.

La redacción original es la siguiente: «Esos contratos estarían limitados por el propio concepto de personal de alta dirección, concepto que parece reservado a los máximos directivos y que excluye a los que podríamos denominar directivos ordinarios, incluso aunque exista una relación de confianza con las funciones que desarrollan».

La ahora investigada, no obstante, propone una reformulación. Y es ella misma la que una vez redactado le remite como debería quedar ese apunte: «Es muy posible que un número ilimitado de jefaturas del máximo nivel en un área y desarrollando funciones de alto nivel y confianza tal y como hemos hablado puedan ser cubiertas de forma directa mediante contrato de alta dirección dependiendo directamente del máximo responsable de la empresa».

La lectura del nuevo párrafo admite pocas dudas acerca de las intenciones de la cogerente. También sorprende que el catedrático aceptara cambiar su dictamen inicial e introducir una variante al dictado de la persona que supuestamente le encarga el trabajo. Se desconoce si Alfonso Mellado percibió remuneración por este dosier que al modificarse carece ya de valor.

Los investigadores citan también un correo de la que fuera cogerente de Divalterra por parte de Compromís dirigido a Jorge Cuerda, la jefa de Control Financiero de la Intervención General de la Diputación, Miriam Viton, y a Miguel Torres, jefe del Gabinete de la vicepresidenta de Maria Josep Amigó, en el que explica que adjunta el contrato del nuevo gerente (Xavier Simón) «según el que tenemos ahora pero adaptado al acuerdo de septiembre de 2016, con los máximos y el esquema del nombramiento». «Respecto al resto de contratos que también hay que novar, en principio irán firmados por los gerentes. Os recordamos que esos contratos están 'cogidos con pinzas', como hemos repetido en muchas ocasiones y en diferentes foros: tienen una cláusula de confianza pero no tienen poderes, o sea que se puede cuestionar la alta dirección», añade la responsable.

Tras el estallido del caso, la formación nacionalista ha buscado acomodo a Brines. De nuevo, en otra empresa pública, Cemef, dependiente del Ayuntamiento de Burjassot. Fuentes de los populares de la localidad explicaron ayer que Brines desempeña labores como adjunta a dirección, un puesto que no existe en la relación de puestos de trabajo. De igual modo, denuncian que hay dos personas en la sociedad que realizan las mismas funciones de Recursos Humanos, y que cobran pluses.

La vicepresidenta del Consell y candidata de Compromís a la Generalitat, Mónica Oltra, restó ayer importancia al sumario al ser una «cuestión menor» porque «no se habla de un caso de saqueo sino de si podía contratar a unas personas» también hay que «dejarlo claro» porque estos casos «resquebrajan la confianza» de los ciudadanos. En la causa consta un informe de la Intervención del Estado en el que cifra en 1,2 millones el coste para el erario de las contrataciones fraudulentas de los directivos. El síndic Fran Ferri siguió la misma línea, la de quitar relevancia a este asunto de corrupción.