El gerente de Divalterra nombra a un cargo pese a la orden en contra del presidente

Ni Imelsa ni Divalterra. Ni con políticos ni sin ellos. La empresa pública de la Diputación de Valencia vuelve a estar en el centro de la polémica. En esta ocasión, como consecuencia del concurso publico puesto en marcha en julio del año pasado para la designación del nuevo responsable de recursos humanos de la firma. El proceso, que derivó en el nombramiento para el cargo de Eugenia Fernández, se encuentra ahora suspendido después de que la gerencia de la firma ignorara el requerimiento del presidente del consejo de administración para atender los recursos presentados y paralizara mientras tanto ese nombramiento.

El gerente de Divalterra es Antonio Mas. El 12 de enero, uno de los candidatos presentados al concurso presentó recurso contra la resolución de la empresa que daba como ganadora a Fernández. Recurso que, además, solicitaba ya la suspensión del nombramiento hasta que se resolviera ese escrito. Tres días después, el 15 de enero, el presidente del consejo de administración, Ramiro Rivera, remitía al gerente orden de suspensión del procedimiento hasta la resolución del concurso. La orden venía acompañada del criterio mostrado por el responsable del área jurídica de Divalterra, que verbalmente había expresado su recomendación de la suspensión cautelar del nombramiento.

El domingo día 17, el mismo responsable del área jurídica, José Luis Vera, emitía informe por escrito en el que reiteraba su criterio y advertía de las complicaciones que generaría no atender esa paralización del procedimiento.

Pero ni ese informe ni la orden de suspensión del 15 de enero tuvieron efecto. El día 18, y a pesar de estas advertencias, el gerente de Divalterra procedía al nombramiento de Fernández como nueva directora de recursos humanos de Divalterra. Una decisión adoptada a pesar de un nuevo escrito del presidente del consejo, con fecha de entrada en el registro de la empresa del 19 de enero, que acordaba la suspensión provisional del concurso público, en virtud del informe elaborado por el responsable del área jurídica.

¿Y ahora qué? Pues el escenario no es sencillo. Formalmente el procedimiento está suspendido aunque Eugenia Fernández ha sido nombrada responsable de recursos humanos de la firma. El pasado 20 de enero se abrió un plazo de 10 días hábiles a los candidatos para que formulen alegaciones. Ese plazo finaliza el próximo 4 de febrero. Mientras tanto, el gerente se dirige al responsable de los servicios jurídicos para plantearle todas las dudas legales que genera una situación inaudita: un nombramiento en vigor –lleva diez días en la empresa– sobre un concurso que se encuentra suspendido y los recursos presentados sobre el mismo.

La resolución del caso, que probablemente no se producirá antes del próximo día 4, deja en el aire las razones por las que el gerente no atendió la orden de suspensión cautelar del concurso dictada por el presidente del consejo varios días antes de hacerse efectivo el nombramiento.

Las fuentes consultadas por este diario señalaron ayer que este concurso ya presentaba circunstancias llamativas desde antes incluso de estos hechos, como por ejemplo que el presidente del tribunal, Vicente Domingo, fuera el anterior director de recursos humanos de la firma.

Presidencia de la Diputación de Valencia evitó referirse ayer a esta situación aunque fuentes del Palau de Batlia lamentaron que todo el proceso puesto en marcha para tratar de apartar de polémicas a Divalterra se viera enterrado por cuestiones como esta, y mostraron su voluntad de llegar «hasta el fondo» con este asunto. Desde el PP, Vicent Mompó cuestionó lo ocurrido.