Girsa, otra empresa de la Diputación de Valencia con discrepancias en la contabilidad

Girsa, la sociedad mixta de la Diputación de Valencia que tiene por objeto la prestación de servicios relativos a la gestión integral de residuos, saneamiento, parques, jardines y redes de alcantarillado, entre otros, era la única firma provincial que se había mantenido hasta la fecha al margen de la polémica que ha salpicado a Divalterra, la denominación de la vieja Imelsa, e incluso Egevasa. Pero ya no.

La reunión esta semana del consejo de administración de la firma pública -un 51% del capital social es propiedad de la institución provincial, y el otro 49% pertenece a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC)- constató la brecha existente entre la administración pública y el socio privado. Los cuatro representantes de la empresa votaron en contra de aprobar la formulación de las cuentas de la sociedad correspondientes a 2017. No sólo eso, tampoco quisieron firmar el documento con el que esas cuentas se remiten al auditor. De hecho, la sociedad logró aprobar esa formulación gracias a los votos de cuatro de los cinco representantes de la Diputación -el consejero a propuesta del PP Rafael Soler se abstuvo- y al voto de calidad de la presidenta del consejo, y vicepresidenta de la Diputación, Maria Josep Amigó (Compromís).

El motivo de discrepancia en la empresa con mayoría de capital público -y con una plantilla de más de 120 trabajadores- podría tener que ver, según las fuentes consultadas por este diario, con la contabilización en el ejercicio de 2017 de una decisión adoptada en 2013, cuando la empresa de gestión de residuos del ente provincial perdió 2,7 millones de euros y tuvo que ser rescatada con cuatro millones de dinero público para evitar su quiebra. Las diferencias de criterio entre la presidenta del consejo, Maria Josep Amigó, y el diputado de Medio Ambiente, Josep Bort, con los representantes de FCC fue la que terminó provocando que los representantes de esta firma votaran en contra de la formulación de las cuentas.

Lo ocurrido en el consejo de Girsa constituye el paso previo a un problema que, de reproducirse, amenaza incluso el futuro de la empresa. La formulación de las cuentas es el paso inmediatamente anterior a su remisión a la empresa auditora, que es la que se encarga de informarlas, anotar eventuales discrepancias, y constatar si responden a la realidad de la firma. Rechazar la formulación no implica necesariamente que se vaya a tumbar después la aprobación, puesto que el motivo de discrepancia podría resolverse. La auditora tiene hasta el mes de junio para pronunciarse.

Pero si no se resuelve, la firma pasa a estar en una situación crítica. Con un 49% del consejo en contra de esas cuentas, la empresa no podría siquiera inscribirlas en el Registro Mercantil, y el día a día de la labor de la Sociedad podría verse comprometido -puesto que para operar con terceros se requiere de unas cuentas aprobadas y publicadas en el Registro Mercantil-.

Tras la discrepancia entre cuatro de los cinco representantes de la Diputación y el socio privado de Girsa aparece la negativa de la institución provincial a asumir algunas de las operaciones realizadas durante la etapa de Alfonso Rus como presidente de la Diputación. La negativa, en especial de los representantes de Compromís, habría indispuesto a la firma que tiene como gerente a Luis Tejedor.

En la página web de la empresa mixta figuran las cuentas correspondientes al ejercicio de 2016, y que sí que fueron firmadas por todos los consejeros y aprobadas por el consejo de administración en la reunión mantenida el 29 de marzo de 2017. Este año, como se puede apreciar, el proceso de aprobación de las cuentas lleva algo más de retraso que las de ese ejercicio.