El Gobierno aparca definitivamente la reforma de la sedición

No habrá reforma del Código Penal en 2022 y tampoco entra ya en los planes del Gobierno impulsar iniciativas legislativas para «adaptar» la Monarquía constitucional a la España del siglo XXI. Esos dos asuntos ocuparon buena parte del debate político y no pocas horas de trabajo en ministerios como el de Justica en la primera mitad de 2021. Este martes, el Ejecutivo argumentó, en cambio, que sus esfuerzos deben estar ahora centrados en la recuperación económica y en la modernización de las estructuras productivas del país con la ayuda de los fondos europeos. Y lo demás, salvo las cuestiones sociales, pasa a un segundo plano.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, presentó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el Plan Anual Normativo de 2022, un compendio de 368 normas de las cuales, según avanzó, 60 tienen que ver con el plan de recuperación comprometido ante Bruselas, 92 son leyes (11 orgánicas y 81 ordinarias) y nada más y nada menos que 276 son reales decretos leyes, una figura excepcional de la que suelen recelar tanto la oposición como los aliados del Gobierno porque a menudo se convierte en un trágala.

En el plan de 2021, presentado a finales de agosto de ese mismo año, el Ejecutivo ya dejó fuera la reforma del delito de sedición que Pedro Sánchez había anunciado poco después de ser investido, como gesto hacia los independentistas, cuando todavía no había empezado a allanar el terreno para la concesión del indulto a los principales condenados del 'procés'. En agosto, hacía dos meses que éstos habían recibido el perdón. Y el ministro que se había fajado en defender y articular esa reforma pensada casi 'ad hominem', Juan Carlos Campo, había salido del Gobierno en una crisis con la que Sánchez marcó un punto de inflexión en su discurso: menos Cataluña, más economía.

A pesar de que en privado fuentes del Ejecutivo reconocían que ya no le veían sentido a seguir con la reforma de los delitos por los que entraron en prisión los líderes independentistas –entre otras cosas, porque ni contarían con el apoyo de ERC, que reclama la amnistía, ni, por supuesto, con el del PP– nunca plantearon su renuncia como definitiva. Habían pasado demasiados meses defendiendo que su propósito no era favorecer a los soberanistas sino ajustar el Código Penal al siglo XXI y asimilarnos a otros países europeos.

Que el asunto haya vuelto a quedar fuera de la agenda del Gobierno hace difícil que pueda ser repescado. Y lo mismo ocurre con las normas que pueden afectar a la Corona, pero, en este caso, Moncloa se ampara en que es el propio Felipe VI el que marca los tiempos. A finales de 2020, durante su balance de fin de año, Sánchez trasladó la idea de que el monarca estaba decidido a dar pasos para avanzar en la «renovación» de la institución que encarna y empleó dos palabras clave: «rendición de cuentas» y «transparencia».

En su balance de 2021, en cambio, fue mucho más parco. «Cuando tengan noticia será porque así se produce», dijo. Bolaños dejó claro, de hecho, que a pesar de que entre las leyes previstas para este año está la reforma de la ley de transparencia para regular «las relaciones con los grupos de interés», la Casa del Rey quedará al margen.

Sí se han incluido en el plan, en cambio, normas que Unidas Podemos lleva tiempo demandando como la ley de vivienda, la ley 'trans', la reforma de la ley del aborto o la de familia. También una ley de trata para, según dijo el ministro, «acabar con la explotación sexual». Lo que aún no existe en firme es una propuesta para abolir la prostitución, un compromiso que el jefe del Ejecutivo y su partido asumieron en el último congreso del PSOE.

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